Judicial - Mayo 19 de 2026 - 04:22 PM

A la cárcel red que habría ejecutado más de 26 homicidios en Bucaramanga

Un juez dictó medida de aseguramiento en cárcel para 18 presuntos miembros del 'Tren de Aragua', 'Los del Sur' y 'Los Búcaros' en Bucaramanga. Los procesados, entre ellos el cabecilla Brayan Alejandro Javier Peña, no aceptaron cargos por concierto para delinquir y 26 homicidios agravados.

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Un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión de los presuntos integrantes de las redes criminales que operaban en el área metropolitana de Bucaramanga, luego de que la Fiscalía General de la Nación sustentara las medidas de aseguramiento tras finalizar las audiencias concentradas. Las diligencias judiciales convalidaron el masivo operativo institucional que desarticuló los brazos operativos y sicariales de las facciones conocidas como “Los del Sur”, “Los Búcaros” y la organización transnacional “Tren de Aragua”.

El sustento probatorio presentado por una fiscal de la Seccional Santander vinculó formalmente a 18 personas capturadas con una racha de homicidios selectivos y disputas territoriales por el control del tráfico de estupefacientes y cobro de extorsiones en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.

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Durante las audiencias, la delegada del ente acusador les imputó, según sus responsabilidades individuales, delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados, pero ante la contundencia de las evidencias, se determinó que representan un peligro para la sociedad y deben cumplir la medida de detención en un centro carcelario.

La investigación judicial, extendida por las actividades delictivas de los últimos dos años, permitió el esclarecimiento de 26 asesinatos perpetrados en la región. Entre los hechos con mayor connotación social integrados al expediente se encuentra la masacre ocurrida el 25 de octubre de 2025 en el barrio Villa Esperanza, en el municipio de Floridablanca, donde un ataque con armas de fuego dejó tres personas muertas y una herida. Los elementos materiales de prueba señalan como el presunto determinador de esta acción violenta a Brayan Alejandro Javier Peña, identificado en las pesquisas como alias “Brayan”, presunto cabecilla principal de la red ilegal del “Tren de Aragua”.

La ofensiva penal se derivó de la ejecución previa de la fase operativa denominada “Fortaleza”, la cual incluyó 15 diligencias simultáneas de registro y allanamiento en puntos estratégicos del área metropolitana. En dichos procedimientos se materializaron 11 capturas por orden judicial y dos detenciones en flagrancia.

Asimismo, las autoridades ejecutaron 10 imputaciones de cargos en establecimientos carcelarios a jefes criminales que continuaban coordinando actividades delictivas desde su encierro, entre ellos alias “Italiano”, de “Los del Sur”, así como los sujetos conocidos con los alias de “Pechuga” y “Arenita”, vinculados a la banda “Los Búcaros”.

Dentro del organigrama de detenciones que ahora enfrentan la reclusión carcelaria, el informe técnico destaca a los sujetos alias “Caleño” y alias “Carlos”, señalados por la policía judicial de actuar como coordinadores de zona encargados de dinamizar los homicidios y monopolizar el microtráfico en las calles.

En los registros domiciliarios, las autoridades incautaron un total de 448.61 gramos de marihuana, 13.78 gramos de clorhidrato de cocaína y dos terminales móviles celulares que pasaron a cadena de custodia. Tras el aval del juez de garantías a los requerimientos de la Fiscalía, los investigados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad hacia sus respectivos lugares de reclusión, cerrando la etapa preliminar de la judicialización de estas estructuras sicariales.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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