Judicial - Enero 02 de 2026 - 08:05 AM

Caen tres de los extorsionistas vinculados a ataque contra comerciantes en Bucaramanga

Tres personas fueron capturadas en Piedecuesta por presunta extorsión mediante panfletos. Las autoridades señalan que estarían vinculadas a un ataque armado ocurrido días antes en el barrio Girardot de Bucaramanga, donde dos hombres resultaron heridos.

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La estrategia de amedrentamiento que venía inquietando a comerciantes de Piedecuesta y Bucaramanga tuvo un punto de quiebre con la captura de tres personas señaladas de integrar un grupo que se hacía llamar ‘El Señor de la J’. Según las autoridades, los detenidos utilizaban panfletos extorsivos como principal herramienta para presionar a negocios locales, mientras se movían armados entre distintos barrios del área metropolitana.

Las labores de seguimiento permitieron establecer que estos mismos sujetos estarían relacionados con un ataque armado ocurrido días atrás en Bucaramanga. En ese hecho, dos hombres fueron baleados en plena vía pública, lo que encendió las alertas de los organismos de seguridad y aceleró el trabajo de inteligencia para identificar a los responsables.

El operativo que condujo a las capturas se desarrolló en Piedecuesta, donde las autoridades interceptaron a los sospechosos y les hallaron dos armas de fuego, una motocicleta que presuntamente era utilizada para cometer los delitos y varios panfletos con mensajes amenazantes dirigidos a comerciantes del barrio Girardot. Este material ahora forma parte de las pruebas dentro del proceso judicial.



De acuerdo con los reportes oficiales, los capturados presentan antecedentes por delitos como homicidio, lesiones personales, hurto y receptación, un historial que, según los investigadores, evidencia una presunta reincidencia en actividades criminales y refuerza la hipótesis de que se trataba de una estructura dedicada tanto a la extorsión como a hechos de violencia selectiva.


El vínculo con el ataque ocurrido en Bucaramanga es uno de los ejes centrales de la investigación. Las autoridades buscan determinar si la intimidación a comerciantes y los atentados armados hacían parte de una misma estrategia para consolidar control territorial y generar temor en sectores específicos.


Mientras los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, los operativos continúan para establecer si existen más personas involucradas y evitar que este tipo de acciones se repliquen en otros barrios del área metropolitana.

Así fue el ataque armado que antecedió las capturas



El martes 30 de diciembre, en horas de la tarde, la violencia irrumpió en el barrio Girardot de Bucaramanga. Dos hombres que se encontraban en la carrera 13 con calle 24 fueron atacados por sicarios que se movilizaban en motocicleta y abrieron fuego sin mediar palabra.


Las víctimas, identificadas como José Murillo Sandoval, de 50 años, y Mario León, de 62, resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica. Durante la inspección del lugar, investigadores del CTI encontraron panfletos con mensajes extorsivos, un hallazgo que permitió conectar el atentado con la estructura criminal desarticulada posteriormente.



Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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