Judicial - Junio 26 de 2026 - 11:29 AM

Cayó banda que había 'coronado' cerca de $500 millones en hurtos a viviendas en Bucaramanga

Un juez envió a prisión a Merly Dayana Serrano, Edinson Niño y Jackson Chaparro, presuntos miembros de una banda de hurto a residencias en Bucaramanga. Se les imputa el robo de dos cajas fuertes con 470 millones de pesos en Provenza y el asalto en Conucos donde amarraron a un adulto mayor de 89 años para llevarse 11 millones. Las capturas las realizaron CTI, Policía y Ejército.

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Merly Dayana Serrano Plata, Edinson Niño Herrera y Jackson Chaparro Fajardo. Los tres procesados fueron vinculados formalmente a una investigación penal y la Fiscalía de la Seccional Santander les imputó el delito de hurto calificado y agravado. La captura de los sospechosos se materializó mediante órdenes judiciales en un operativo conjunto ejecutado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), uniformados de la Policía Nacional y unidades del Ejército Nacional.

El acervo probatorio recopilado por el ente acusador permitió establecer que los tres asegurados presuntamente formaban parte de una organización delincuencial dedicada al saqueo de viviendas en la capital santandereana. Las pesquisas judiciales relacionan directamente a esta banda con dos millonarios hurtos perpetrados en diferentes sectores residenciales de Bucaramanga durante el año 2025, cuya cuantía sumada supera los 480 millones de pesos en pérdidas materiales.

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Dos hurtos millonarios

El primer golpe documentado en el expediente ocurrió el 22 de junio de 2025 en un inmueble del barrio Provenza. Las labores de seguimiento e identificación determinaron que al lugar ingresaron un total de siete personas con el objetivo específico de extraer dos cajas fuertes. Los delincuentes lograron apoderarse de los cofres de seguridad, los cuales contenían dinero en efectivo y diversos bienes de valor tasados por las víctimas en aproximadamente 470 millones de pesos. Los investigadores judiciales lograron reconstruir el 'modus operandi' del asalto mediante el análisis de elementos materiales probatorios que facilitaron la identificación de parte de los asaltantes.

El segundo hecho delictivo bajo investigación se registró el 5 de octubre de 2025 en una vivienda ubicada en el barrio Conucos. De acuerdo con las denuncias y la recolección de testimonios, cuatro personas irrumpieron de forma violenta en la propiedad. En el interior del inmueble se encontraban únicamente un adulto mayor de 89 años y la mujer encargada de su cuidado personal. Las dos víctimas fueron intimidadas, reducidas y posteriormente atadas de pies y manos por los delincuentes.

Mientras los residentes permanecían inmovilizados, los asaltantes registraron las habitaciones y se llevaron objetos de valor avaluados en cerca de 11 millones de pesos. El proceso penal continuará su curso desde el centro penitenciario asignado mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas y busca identificar a los demás implicados en ambos robos.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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