Judicial - Junio 12 de 2026 - 06:20 PM

Deberá pagar más de 1.300 millones por arrollar a cinco jóvenes de forma intencional en Girón

A dos años del siniestro en Girón, el Juzgado Décimo Civil de Bucaramanga ordenó a Julián Andrés Calderón Bohórquez, conductor de un BMW, pagar más de 1.321 millones de pesos a Laura Camila Sierra, Camilo Guerrero, John Ferreira, Mónica Ferreira y Marlon Lizcano, junto a sus padres, por los daños físicos y morales causados al arrollarlos.

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A dos años del grave siniestro vial que conmocionó al área metropolitana de Bucaramanga, el caso dio un giro determinante en el ámbito civil. El Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bucaramanga ordenó que Julián Andrés Calderón Bohórquez, el joven que conducía el vehículo BMW que arrolló a cinco amigos en la zona industrial de Girón, pague una millonaria indemnización que supera los 1.321 millones de pesos para reparar los daños causados a las víctimas y a sus familias.

El fallo judicial determinó que los recursos económicos se destinarán a 12 personas en total: los cinco jóvenes afectados directamente en el atropello y siete de sus padres y madres, quienes fueron reconocidos formalmente como víctimas indirectas debido al sufrimiento y los gastos derivados de la tragedia. La millonaria suma contempla la reparación por conceptos de perjuicios morales, daño a la vida de relación, lucro cesante, daño emergente y las costas del proceso judicial.

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Entre los detalles más desgarradores que sustentaron la decisión del juez se encuentran las secuelas imborrables que el impacto dejó en los muchachos. Uno de los jóvenes lesionados vio truncado su proyecto de vida, ya que soñaba con convertirse en futbolista profesional y las fracturas le impidieron volver a jugar. Asimismo, otra de las jóvenes sobrevivientes perdió de forma definitiva la posibilidad de tener hijos debido a la gravedad de los traumas sufridos en el abdomen aquella madrugada.

La reconstrucción de la tragedia de 2024

El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2024 a las 3:24 de la madrugada en una vía de acceso veredal del sector de Río Frío, en la zona industrial de Girón. Los afectados (Laura Camila Sierra Beltrán, Camilo Andrés Guerrero Sandoval, John Sebastián Ferreira Cubillos, Mónica Johana Ferreira Cubillos y Marlon Jesús Lizcano Osorio) salían de una discoteca tras protagonizar una discusión personal con otro asistente del lugar. Para evitar más problemas, el grupo de amigos decidió marcharse a pie hacia el anillo vial que comunica a Girón con Floridablanca.

Mientras caminaban por un costado de la carretera, una cámara de seguridad captó el momento exacto en que un automóvil BMW blanco, de placas DKW-888, aceleró a fondo y los embistió por la espalda. El violento impacto levantó a los cinco muchachos del suelo y les causó heridas de extrema gravedad que los mantuvieron en terapias y movilizándose con muletas durante meses.

Tras el atropello, el conductor emprendió la huida hacia Floridablanca sin prestarles auxilio. Horas después, gracias al reporte del secretario de Tránsito de Girón, Juan José Gómez Vélez, las autoridades hallaron el carro oculto y abandonado en un parqueadero del barrio Ciudad Valencia, descubriendo además que circulaba sin el Soat vigente.

La entrega voluntaria y el proceso penal

Julián Andrés Calderón Bohórquez, quien tenía 20 años al momento del accidente, permaneció prófugo de la justicia durante varios meses con una orden de captura vigente por tentativa de homicidio agravada y porte ilegal de armas de fuego. Su evasión terminó la madrugada del lunes festivo 3 de junio, cuando se acercó voluntariamente a una patrulla en el barrio San Francisco de Bucaramanga, acompañado por su madre, manifestando que deseaba entregarse.

Luego de su arresto, el procesado tuvo que ser trasladado a un centro médico bajo observación debido a un fuerte cuadro de depresión tras ponerse a disposición de la justicia. Aunque en las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías Calderón Bohórquez no aceptó los cargos penales imputados por la Fiscalía, el reciente fallo civil confirmó que el conductor ya aceptó su responsabilidad institucional en los hechos, lo que facilitó la tasación de los daños y la orden de emitir la millonaria indemnización mientras avanza el cierre de su expediente penal.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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