Judicial - Febrero 10 de 2026 - 05:44 PM

Declaran culpable a entrenador de atletismo que abusó de 7 niñas en Bucaramanga

Giovanny Vega Blanco, exentrenador de atletismo, fue hallado culpable de abuso y actos sexuales agravados en Bucaramanga. El fallo favorece a víctimas que tenían entre 15 y 17 años al momento de los hechos. Se espera una valoración de Medicina Legal para decidir si irá a una cárcel o casa.

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Es un momento fuerte para el deporte en Santander, pero la justicia finalmente ha hablado. Validar las voces de quienes rompieron el silencio es un paso necesario para sanar estos espacios. Aquí tienes el reporte detallado con el enfoque que solicitaste:

Este lunes 9 de febrero, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Bucaramanga declaró culpable a Giovanny Vega Blanco, exentrenador de la Liga Santandereana de Atletismo, por los delitos de acto sexual agravado y abuso sexual agravado en contra de varias de sus alumnas. El fallo judicial, que llega tras un extenso proceso de investigación iniciado por denuncias de jóvenes atletas que tenían entre 15 y 17 años, pone fin a un polémico capítulo de acoso en el deporte regional, mientras se define si el condenado purgará su pena en un centro carcelario o bajo detención domiciliaria debido a su avanzada edad y estado de salud.


La justicia de Bucaramanga cerró uno de los expedientes más oscuros del ámbito deportivo local al emitir un veredicto de culpabilidad contra Giovanny Vega Blanco. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron cómo el entonces preparador físico instrumentalizó su autoridad para someter a menores de edad bajo un esquema de manipulación psicológica y acoso constante. El fallo del Juzgado 14 resalta que los delitos cometidos no fueron hechos aislados, sino un patrón de conducta que se extendió durante años, aprovechando la vulnerabilidad de las deportistas que veían en él una figura de guía y respeto.


El impacto de este caso trascendió los tribunales, pues aunque el proceso judicial se centró en siete denuncias formales, la opinión pública conoció el testimonio de al menos 30 mujeres que, a través de plataformas digitales, relataron experiencias similares de asedio. Las jóvenes describieron un ambiente hostil donde el rendimiento deportivo era utilizado como moneda de cambio para favores personales o para tolerar comentarios lascivos sobre sus cuerpos. Estos relatos fueron fundamentales para que el juez comprendiera la gravedad del daño causado a la integridad moral y física de las víctimas en un entorno que debía ser seguro.


Los testimonios ventilados durante el juicio revelaron tácticas de control perturbadoras, como obligar a las atletas a realizar labores domésticas o acompañar al entrenador en actividades privadas fuera de los horarios de práctica. En esos espacios, Vega Blanco realizaba interrogatorios de índole sexual y proposiciones directas, asegurando que el silencio era el precio de su "gratitud" por no cobrar los entrenamientos. La situación escalaba hasta el contacto físico no consentido, camuflado bajo supuestos masajes terapéuticos realizados en la soledad de los baños de los complejos deportivos, momentos en los que el agresor aprovechaba para vulnerar la intimidad de las menores.


Actualmente, la incertidumbre rodea el lugar donde el ahora condenado cumplirá su sentencia. A pesar de la gravedad de los cargos, su defensa ha solicitado el beneficio de detención domiciliaria apelando a su edad, una posibilidad que ha generado indignación debido a que se le ha visto en redes sociales realizando actividades físicas fuera de su residencia. Para zanjar esta controversia, el juzgado ha solicitado una evaluación psiquiátrica y física por parte de Medicina Legal, con el fin de determinar si el exentrenador debe ser trasladado a un pabellón carcelario o si permanecerá bajo vigilancia en su hogar.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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