Judicial - Mayo 25 de 2026 - 10:00 AM

Denuncia que le desfiguraron el rostro tras un procedimiento estético en Bucaramanga

María Fernanda Alfonso Echeverría, de 26 años, sufrió una severa infección nasal y obstrucción de cornetes tras realizarse una rinomodelación en el "Centro de Estética BH" de Bucaramanga. La víctima denunció penalmente al lugar por operar en un apartamento sin las debidas condiciones de salud.

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El deseo de modificar algunos aspectos de su rostro comenzó a tomar forma para María Fernanda Alfonso Echeverría mientras revisaba sus redes sociales. En la tranquilidad de su casa, la joven de 26 años se encontró con un anuncio publicitario que ofrecía un descuento del 50 % en tratamientos estéticos. La oferta resultaba llamativa: una rinomodelación, combinada con aumento de labios y definición de mentón, por el valor de un millón de pesos. Aunque el bajo costo le generó dudas iniciales, la posibilidad de acceder al cambio que tanto anhelaba la llevó a investigar el lugar.

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La cuenta de Instagram, bajo el nombre de “Centro de Estética BH”, se mostraba activa, con un flujo constante de fotografías y videos que exhibían supuestos resultados exitosos de pacientes previos. Un detalle en particular disipó sus sospechas y terminó por inclinar su decisión: en varias de las publicaciones aparecía Óscar Díaz, concejal de Bucaramanga, como imagen y modelo del establecimiento. Para María Fernanda, la presencia de una figura pública con un cargo institucional funcionó como un sello de garantía y seriedad. Asimismo, en el sitio se identificaba como responsable a Bibiana Hernández, a quien presentaban con el título de doctora, aunque la joven relata haber descubierto posteriormente que su formación real correspondía a la de una auxiliar de enfermería.

Para costear el procedimiento, María Fernanda, quien es madre soltera y trabaja de forma independiente para sostener a su hijo, acudió al sistema financiero. Gracias a su buen historial crediticio, obtuvo un préstamo con facilidades de pago en cuotas. Con los recursos asegurados y la fecha programada, la joven sintió que iniciaba una etapa positiva para su autoestima.

El pasado 6 de mayo, a las 9:00 de la mañana, María Fernanda llegó a la carrera 25 N°19-42, en el barrio San Francisco de Bucaramanga. Al arribar a la dirección, su primera reacción fue de desconcierto. El primer piso de la edificación albergaba un gimnasio y los niveles superiores correspondían a apartamentos residenciales. Al no encontrar un letrero comercial o la infraestructura visible de una clínica especializada, llegó a pensar que se había equivocado de lugar.


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Al ingresar al apartamento 201, la desconfianza aumentó. De acuerdo con su descripción, el espacio era reducido y carecía de condiciones clínicas profesionales. Una división de drywall separaba una pequeña sala de recepción del área de procedimientos, donde únicamente se observaban dos camillas y un mueble para los insumos administrados por una auxiliar. Además, en el mismo inmueble se encontraban las habitaciones donde residía la propietaria. Pese al temor que le generó el entorno, María Fernanda decidió continuar debido a que ya había desembolsado el dinero y confiaba en el respaldo que había visto en las redes sociales.

Antes de comenzar, una mujer identificada como Viviana Bonilla le entregó un documento de consentimiento informado. La joven notó que el texto presentaba errores de redacción y, cuando solicitó una copia firmada, el personal se la negó, permitiéndole únicamente tomar una fotografía rápida con su teléfono celular antes de retirarlo. El momento de mayor alerta ocurrió cuando observó que las sustancias que le aplicarían en el rostro ya venían previamente cargadas en las jeringas. Al preguntar por la marca del producto y manifestar su intención de verificar el registro sanitario de la entidad reguladora Invima, la encargada le pidió que no se preocupara, asegurándole que se trataba de insumos de su propia marca y que contaban con los permisos de ley. Los empaques originales nunca le fueron exhibidos.

Las complicaciones de salud se manifestaron tres días después de la intervención. María Fernanda comenzó a notar una inflamación progresiva y una tonalidad pálida al interior de sus fosas nasales, síntomas que rápidamente se transformaron en un dolor agudo y en la expulsión de una secreción purulenta acompañada de mal olor. Al comunicarse con el centro estético para reportar la situación, la respuesta inicial fue que debía esperar un lapso de ocho días para que el cuerpo asimilara el tratamiento.



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Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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