El oscuro panorama del Patio 10 en Palogordo que desató la ola de sangre en Girón

Detrás de los altos muros de concreto, los alambres de púas y el hermetismo con el que se maneja la Cárcel de Alta y Mediana Seguridad de Palogordo, en Girón, se esconde una crisis que desbordó los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La labor penitenciaria, llamada a garantizar la custodia de personas que responden ante la justicia por la comisión de delitos, se ha convertido en Santander en un trabajo de alto riesgo donde el miedo acompaña el día a día de los funcionarios dentro y fuera del penal.

El testimonio entregado por un dragoneante con más de 10 años de servicio en este centro reclusorio expone las costuras de un sistema tensionado por decisiones administrativas, falencias de infraestructura, la presencia de criminales de alto perfil y el impacto directo que esto genera en la población civil de los alrededores.

La génesis del conflicto: El polémico Pabellón 10

El origen inmediato de la tensión actual se remonta al pasado 28 de septiembre, cuando las autoridades nacionales abrieron formalmente el Patio 10 de Palogordo como un pabellón de máxima seguridad. La construcción de esta área, diseñada bajo un esquema de restricción absoluta, contemplaba inicialmente que el sitio contara con sus propios servicios de sanidad, aulas educativas y áreas para visitas conyugales. El objetivo teórico era aislar completamente a los reclusos de alto perfil para evitar el contacto con el resto de la población carcelaria y dificultar la continuidad de sus operaciones delictivas.

Sin embargo, la realidad operativa al momento de la apertura distó de lo planificado. De acuerdo con el relato del funcionario penitenciario, el patio comenzó a funcionar únicamente con la estructura de las celdas. La falta de áreas internas médicas o educativas implica que, ante requerimientos de atención de salud o trámites judiciales, los internos deben ser extraídos y movilizados por el penal, rompiendo el esquema estricto de contención inicial.

A la par de la falta de espacio de esparcimiento en este sector, la rutina operativa impuesta generó inmediatos choques. La directriz inicial pretendía establecer un régimen de 23 horas de encierro por una sola hora de sol al día. Tras negociaciones directas en el pabellón, este horario se flexibilizó a 20 horas de aislamiento por 4 horas de patio. No obstante, el detonante del malestar general ocurrió semanas después de la apertura, cuando los reclusos descubrieron dispositivos de vigilancia electrónica.

Durante labores rutinarias o de alteración del orden, un interno halló microcámaras ocultas en las estructuras de las lámparas de las celdas. La noticia se propagó rápidamente entre los 45 reclusos concentrados allí —provenientes de cárceles como La Picota, Cómbita, Valledupar, Ibagué y La Dorada, muchos de ellos señalados como cabecillas de estructuras de crimen organizado—.

El hallazgo derivó en protestas, actos de vandalismo en las celdas, desobediencia y amenazas directas contra el personal de custodia. Los juristas de los reclusos cuestionaron la legalidad de estos sistemas de monitoreo continuo en espacios privados como las celdas, mientras la tensión al interior del pabellón escaló a niveles críticos.

Los nombres del alto perfil criminal en Palogordo

Dentro del concentrado de 45 reclusos que ocupan el Pabellón 10, la guardia penitenciaria identifica a figuras señaladas como cabecillas de peligrosas estructuras delictivas del país. Entre los nombres con mayor connotación y poder de influencia que figuran en ese patio o que han pasado por la dinámica de Palogordo destacan:

- Alias "Satanás": Uno de los nombres de mayor peligrosidad asociados a extorsiones y homicidios.

- Digno Palomino y alias "El Gomelo": Cabecillas vinculados a estructuras criminales del Atlántico. Según el relato de la guardia, alias "El Gomelo" —considerado el segundo al mando tras Palomino— fue trasladado recientemente a la celda de aislamiento (UTE) tras reaccionar de forma violenta y lanzar amenazas de muerte luego de la captura de su esposa.

- Alias "Porras": Señalado de comandar redes criminales en Cúcuta y de haber ordenado reciéntemente ataques contra personal penitenciario en esa ciudad.

- Alias "Cachetes" y alias "El Negro Ober": Reconocidos cabecillas de bandas criminales de Barranquilla que continúan bajo custodia en el penal.

- Alias "Brian": Identificado por la guardia como el interno que habría asesinado a un cabo del Inpec el pasado 6 de agosto y que, tras ser reubicado, fue el mismo que descubrió las microcámaras en las lámparas de las celdas del Pabellón 10.

- "Los Juanitos" (Hermanos Poveda): Cabecillas procedentes de Acacías (Meta), a quienes se les atribuyen presuntas intimidaciones y amenazas directas dirigidas contra el personal de la guardia.

- El hermano y el cuñado de "Pipe Tuluá": Familiares y mandos vinculados a la estructura delictiva de Tuluá.

Miedo y vulnerabilidad: La jornada diaria de los funcionarios

El Pabellón 10 es custodiado internamente por miembros del Grupo de Operaciones Especiales del Inpec (Gropes). Sin embargo, la tensión generada en ese patio repercute en la totalidad de la planta de personal del establecimiento, compuesta por cerca de 350 dragoneantes.

A diferencia de las unidades operativas especiales que utilizan uniformes sin identificación visible en sus prendas, los guardias del esquema regular cumplen sus turnos con los rostros descubiertos y sus distintivos a la vista. Esta condición los deja totalmente expuestos ante los visitantes que ingresan semana a semana a los pabellones.

"Ellos a uno sí lo identifican, de pronto al que está en la reja, al que está en la entrada. Nosotros los guardias no tenemos acceso a ese pabellón, pero los paganos somos nosotros porque al salir no tenemos ninguna protección", relata el funcionario penitenciario bajo condición de reserva.

El riesgo no se limita al tiempo en que los guardias portan el uniforme dentro de las garitas o los pasillos. La mayor vulnerabilidad inicia al terminar la jornada laboral, alrededor de las 3:30 o 4:00 de la tarde, cuando los servidores se quitan la dotación y deben transitar por las carreteras que conectan a Palogordo con municipios como Girón y Piedecuesta.

Los funcionarios aseguran que, a pesar de que los anuncios oficiales y las autoridades regionales muestran esquemas de acompañamiento policial en las carreteras, la presencia institucional es esporádica. Diariamente, a través de redes sociales y cadenas de mensajería instantánea, los guardianes reciben intimaciones y panfletos firmados por estructuras delictivas donde se les declara «objetivo militar».

La impotencia de la guardia se acentúa por las normas del régimen penitenciario: los funcionarios no portan armamento de dotación personal fuera de la cárcel. El armamento asignado al reclusorio permanece guardado exclusivamente para la seguridad perimetral del establecimiento. Al traspasar la puerta principal, la integridad física de los dragoneantes depende únicamente de sus propios medios.

Al ser indagados sobre por qué no renuncian ante semejante nivel de amenaza, el dragoneante expone el dilema económico y social al que se enfrentan: el régimen laboral del Inpec exige alcanzar los 50 años de edad para acceder a la jubilación. Para hombres y mujeres con 10 o más años de servicio, con cargas familiares e historias de salud complejas, abandonar el puesto no es una alternativa viable en el mercado laboral colombiano.

La zozobra que se extiende a la comunidad y a la región

Las consecuencias de la operación del patio de alta seguridad en Palogordo ya traspasaron los límites de la cárcel para impactar directamente a la población civil que habita en las veredas y vías de acceso al penal.

Vecinos del sector rural cercano a la prisión han denunciado presencias sospechosas en la zona. Recientemente, una habitante de las inmediaciones acudió atemorizada a las instalaciones de la cárcel para reportar que sujetos desconocidos a bordo de motocicletas se encontraban haciendo recorridos por la vía Piedecuesta-Girón, inspeccionando las fachadas de los predios para identificar cuáles viviendas contaban con cámaras de seguridad orientadas hacia la carretera. La intimidación a los pobladores busca eliminar cualquier registro en video que pueda servir a las autoridades como prueba tras un ataque sicarial.

De las amenazas a los homicidios

Esta ola de violencia dejó de ser una amenaza abstracta para convertirse en una trágica realidad. El asesinato del dragoneante Diego Armando Acevedo Garzón, perpetrado el miércoles 14 de octubre en el barrio Río de Oro de Girón, evidenció el nivel de desprotección. El funcionario de 25 años, quien alternaba sus labores en el Inpec con la administración de un restaurante de su propiedad, fue atacado por un sicario que le disparó a quemarropa en el rostro. Pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial, ingresó sin signos vitales.

En el lugar de los hechos, los asesinos dejaron un panfleto firmado que confirmó el propósito de los ataques: chantajear a la institucionalidad a costa de la vida de los trabajadores penitenciarios y de la población civil. En el documento, las estructuras criminales condicionan el cese de los atentados a que el Gobierno ordene el traslado de los reclusos recluidos en el Patio 10. De lo contrario, advirtieron que continuarán atentando contra funcionarios y contra «personas de bien» de los sectores aledaños.

Este crimen no fue un hecho aislado. Se suma al homicidio del inspector Efraín Quesada Urrego, de 54 años, ultimado a balazos en agosto de 2026 a escasos 600 metros de la entrada principal de Palogordo cuando se disponía a asumir su turno, y al de otros funcionarios del Inpec atacados en ciudades como Cúcuta. Estos eventos coinciden con lo documentado por la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 015, la cual advierte el riesgo sistemático que afrontan los custodios.

La respuesta institucional 

Frente al homicidio del dragoneante Acevedo y la difusión del panfleto extorsivo, las reacciones del Estado no se hicieron esperar. El Ministerio de Justicia y del Derecho emitió un comunicado rechazando enérgicamente el atentado contra la institucionalidad y solicitando a la Fiscalía General de la Nación celeridad para dar con los responsables intelectuales y materiales.

Por su parte, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, rechazó el crimen a través de sus canales oficiales y ratificó la postura de no ceder ante las pretensiones de las organizaciones delictivas:

"La sangre derramada por los violentos de nuestros soldados, policías y guardias no quedará en la impunidad. Encontraremos a los responsables y responderán ante la justicia. En la Patria Milagro defenderemos con firmeza a quienes protegen a Colombia", declaró el jefe de Estado.

Entretanto, en Santander, el gobernador Juvenal Díaz convocó a un consejo extraordinario de seguridad en Girón, con la participación de la cúpula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el Ejército Nacional, el Ministerio de Justicia y las directivas del Inpec. La prioridad manifestada por las autoridades locales es rediseñar urgentemente los esquemas de inteligencia, acompañamiento vial y vigilancia en las zonas urbanas de la provincia, reconociendo que los controles perimetrales alrededor de Palogordo se han quedado cortos para detener el accionar de los sicarios fuera del penal.