País - Octubre 15 de 2026 - 11:47 AM

De la Espriella promete perseguir a los responsables del asesinato del dragoneante en Girón

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, y el presidente Abelardo de la Espriella rechazaron el homicidio del dragoneante del Inpec Diego Armando Acevedo Garzón en Girón. Las autoridades exigieron celeridad a la Fiscalía para dar con los responsables del ataque registrado en Río de Oro.

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La postura oficial del Estado colombiano frente al asesinato del dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) Diego Armando Acevedo Garzón se fijó mediante un categórico rechazo institucional por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como por una declaración pública emitida por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tras el ataque con arma de fuego registrado la noche del miércoles 14 de octubre de 2026 en el municipio de Girón.

A través de una comunicación formal, la cartera de Justicia condenó la acción sicarial perpetrada contra el funcionario de 25 años de edad y exigió celeridad a los organismos de investigación judicial para identificar, ubicar y procesar a los autores materiales e intelectuales del homicidio.

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En su pronunciamiento, el ministerio enfatizó que las agresiones dirigidas contra los servidores públicos vulneran la institucionalidad, señalando que ningún integrante del cuerpo de custodia del sistema penitenciario debe ser sometido a intimidaciones o atentados que pongan en riesgo su vida e integridad física. De igual manera, el documento oficial transmitió un mensaje de condolencia y solidaridad a los familiares, compañeros de trabajo y allegados de la víctima, al tiempo que instó a la opinión pública a abstenerse de emitir especulaciones sobre los móviles del crimen mientras la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional avanzan en las verificaciones correspondientes.

Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al homicidio a través de sus canales oficiales de comunicación, asegurando que las fuerzas del orden desplegarán las labores necesarias para que el caso no quede impune. El jefe de Estado manifestó de manera textual: «La sangre derramada por los violentos de nuestros soldados, policías y guardias no quedará en la impunidad. Encontraremos a los responsables y responderán ante la justicia. En la Patria Milagro defenderemos con firmeza a quienes protegen a Colombia».

Los hechos que motivaron los pronunciamientos del alto gobierno ocurrieron cuando Acevedo Garzón se encontraba en el interior del restaurante Sabor Argentino, un establecimiento comercial de su propiedad ubicado en la intersección de la calle 25 con carrera 26, en jurisdicción del barrio Río de Oro de Girón.

En ese lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y uno de ellos le disparó a quemarropa, causándole una herida de gravedad en el rostro. Aunque el dragoneante fue auxiliado por personas presentes en el sitio y abordado en el platón de un vehículo para llevarlo a la Clínica Foscal de Floridablanca, llegó al centro hospitalario sin signos vitales. Las autoridades judiciales mantienen abiertas las indagaciones para establecer las hipótesis definitivas del atentado y determinar las estructuras detrás de la agresión.


Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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