Judicial - Marzo 02 de 2026 - 05:00 PM

Entregan a Venezuela al jefe de sicarios del Tren de Aragua capturado en Floridablanca

Migración Colombia ejecutó la expulsión de Miguel David Núñez Machado, alias “Colín”, tras su captura en Floridablanca. El presunto jefe de sicarios del Tren de Aragua fue entregado en la frontera para responder por una trayectoria de 16 años de crímenes y homicidios en Venezuela.

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La entrega formal a las autoridades venezolanas de Miguel David Núñez Machado, conocido en el mundo del hampa como alias “Colín”, marca el cierre de un capítulo de alta tensión judicial en el oriente colombiano. Tras haber sido capturado días atrás en un operativo de control en el asentamiento El Páramo, en Floridablanca, el señalado jefe de sicarios de la organización transnacional Tren de Aragua fue finalmente expulsado del territorio nacional por Migración Colombia. Esta medida administrativa, que actúa con la celeridad que los procesos penales ordinarios a veces no permiten, puso fin a su estancia en el país, trasladando la responsabilidad de su juzgamiento directamente a los tribunales de Venezuela, donde es requerido por una estela de violencia que habría dejado a su paso.


El procedimiento de expulsión se fundamentó en el robusto prontuario que Núñez Machado acumuló durante más de 16 años de actividad delictiva. Sobre sus hombros pesan órdenes de captura vigentes en el vecino país por homicidio y tráfico de armas, además de una alarmante sospecha que lo vincula con la ejecución de al menos 40 asesinatos. Al ser Migración Colombia la única entidad con la potestad legal para ejecutar este tipo de actos administrativos motivados, se activaron los protocolos de seguridad necesarios para trasladarlo hasta la línea fronteriza, garantizando en todo momento el debido proceso y la entrega inmediata a los oficiales venezolanos para que responda por sus crímenes.


Esta decisión no solo afectó al presunto cabecilla de sicarios, sino que se extendió a otros seis ciudadanos de la misma nacionalidad que venían perturbando la tranquilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. Estos individuos, señalados de cometer fraudes a resoluciones administrativas y acciones contrarias a la convivencia, fueron retirados del país como parte de una estrategia de saneamiento del orden público. La operación refleja un esfuerzo coordinado entre la Policía Nacional y los oficiales migratorios para evitar que estructuras criminales de alcance regional, como el Tren de Aragua, utilicen los asentamientos locales como refugio o base de operaciones para delitos como la extorsión y el tráfico de drogas.


Gloria Esperanza Arriero, directora general de la autoridad migratoria, defendió la rigurosidad de estos procedimientos destacando que la seguridad ciudadana en Santander es una prioridad que no admite concesiones frente al crimen organizado. Con la salida de alias “Colín”, las autoridades colombianas envían un mensaje de cooperación internacional y de cero tolerancia ante actores delictivos extranjeros que pretenden expandir sus economías ilícitas en ciudades como Floridablanca y Bucaramanga. La entrega del detenido a la justicia venezolana desactiva una pieza clave en el organigrama de una banda que ha aprovechado los flujos migratorios para sembrar el terror en varios países de Suramérica.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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