Exfuncionarios y contratistas de Oiba ‘bajo la lupa’

Ante un juez de Control de Garantías, la Fiscalía de Santander les imputó cargos a 11 personas por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, asociación para la comisión de un delito contra la Administración Pública y falsedad ideológica en documento público.

De acuerdo con la investigación, las Secretarías de Gobierno y de Planeación de Oiba realizaron seis contratos de prestación de servicios profesionales para el apoyo de la gestión, por un valor de 569 millones de pesos, el 19 noviembre del 2015.

El objeto contractual era la realización de jornadas de capacitación en diversas áreas y competencias, y fueron adjudicados a tres cooperativas de trabajo asociado: Compromiso Solidario, Coopfonce-Salud y Elcon cta.

Por esto, en enero de 2016 la Procuraduría Provincial de San Gil dispuso compulsar copias para que se investigara las presuntas irregularidades en dichos contratos, pues los valores oscilaban entre los 80 y 150 millones de pesos.

Además, no había justificación de los gastos y se encontró una diferencia entre los soportes reportados por las cooperativas y el valor manifestado por los capacitadores en declaraciones juradas, las cuales ascenderían a 392 millones 658 mil pesos. 

La investigación del Grupo Anticorrupción del CTI bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda Especializada de la Unidad de Administración Pública, estableció que los cuestionamientos efectivamente tenían base y sustento probatorio.

Asimismo, que todo el proceso contractual fue irregular, ya que los estudios previos de dichos contratos fueron entregados anticipadamente a quienes posteriormente presentaron las propuestas por parte de las tres cooperativas a las que se les adjudicó los contratos, entre otras irregularidades.

Según la Fiscalía, los imputados son: Mayra Galvis, exsecretaria General; John Bautista, exsecretario de Planeación; Mauricio García, técnico operativo de la Secretaría de Planeación; Edna Pico, auxiliar secretaria de Gobierno, Erika Chacón, exsecretaria de Gobierno; Julián Carreño, ex inspector de Policía; María Rangel, exasesora Jurídica; Esmeralda Corzo y José Becerra, contratistas; y Jhon Amézquita y Edinson Rangel, particulares.