Judicial - Mayo 27 de 2026 - 05:31 PM

Familia santandereana en Bogotá está sentenciada a muerte: van tres muertos

La muerte de Joselito Rojas González en Bogotá, atacado por un sicario de blanco en Ciudad Jardín del Norte, eleva a tres el número de hermanos comerciantes santandereanos asesinados en menos de tres años. La familia denuncia una persecución y extorsiones, mientras la Policía sigue sin respuestas.

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Una familia de comerciantes originaria de Santander se ha convertido en el blanco de una implacable persecución que, en menos de tres años, ha cobrado la vida de tres hermanos y ha dejado a varios de sus integrantes bajo la sombra de la violencia sicarial en Bogotá. La tragedia de este núcleo familiar, dedicado por completo al comercio y distribución de alimentos, sumó un nuevo capítulo de dolor en el norte de la capital del país, confirmando que la amenaza en su contra se mantiene activa.

La víctima más reciente de este exterminio sistemático fue Joselito Rojas González, asesinado a plena luz del día en una calle del barrio Ciudad Jardín del Norte. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento preciso en que el comerciante santandereano se encontraba de pie conversando con otra persona junto a un vehículo de carga. En el registro audiovisual se observa cuando un desconocido, vestido completamente de blanco, camina frente a él simulando ser un transeúnte, analiza el entorno para asegurarse de no tener resistencia y, tras dar la vuelta, regresa rápidamente para propinarle un disparo certero en la cabeza. El agresor escapó del lugar de los hechos y, hasta el momento, las unidades policiales no reportan capturas.

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Con la pérdida de Joselito, la familia Rojas González revive el luto por una seguidilla de crímenes que parece no tener fin y que ha atacado directamente a los pilares de sus empresas familiares. La primera pérdida ocurrió en el año 2023 en la localidad de Fontibón, donde Mauricio Rojas fue atacado con arma de fuego en el interior de uno de sus establecimientos comerciales; aunque en esa oportunidad logró sobrevivir a las heridas, el asedio de los asesinos terminó por alcanzarlo el 26 de septiembre de 2024, cuando un nuevo comando sicarial lo interceptó y acabó con su vida. Solo unos días después del primer atentado contra Mauricio, en septiembre de 2023, la muerte tocó a otro de los hermanos, Carlos González, quien fue tiroteado dentro de su propia carnicería ubicada justo frente a la estación Alcalá de TransMilenio, también en el norte de la ciudad.

Lejos de tratarse de hechos aislados, la violencia que cerca a los comerciantes santandereanos se extendió hace pocos meses hacia otros miembros de su hogar. Un primo de los hermanos asesinados, dedicado a la misma actividad económica, sufrió un atentado con arma de fuego en el barrio Barrancas. Las imágenes de ese suceso evidencian la crudeza de la persecución: el comerciante, al ver acercarse al sicario, reaccionó de manera defensiva y esgrimió un arma para repeler el ataque. El cruce de disparos en plena vía pública generó escenas de angustia y dejó un saldo de seis personas heridas, entre ellas un menor de edad que transitaba por la zona.

Mientras la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana intentan establecer el origen de estos ataques, la incertidumbre y el miedo marcan los días de los sobrevivientes. En el plano investigativo coexisten dos posturas radicalmente opuestas: por un lado, los informes preliminares de la Policía insisten en indagar posibles disputas y conflictos internos por dinámicas de herencias o negocios entre allegados del mismo círculo familiar. Por el otro, los miembros de la familia rechazan de manera tajante esa hipótesis y sostienen que son víctimas de un acoso extorsivo por parte de estructuras criminales organizadas, señalando que desde hace meses venían recibiendo exigencias económicas y amenazas de muerte. En su momento, los analistas judiciales vincularon el caso a las finanzas ilegales de la banda transnacional 'El Tren de Aragua', conocida por sus represalias contra comerciantes en Bogotá, pero el expediente sigue abierto y sin respuestas definitivas que detengan el rastro de sangre sobre este hogar.

Publicado por Redacción Judicial
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Video: Los agarraron extorsionando a comerciantes en el sector de Provenza, Bucaramanga

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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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