La audiencia de medida de aseguramiento contra los cinco capturados por el fallido robo a una joyería de la Cuarta Etapa de Cabecera avanza este viernes 5 de diciembre en Bucaramanga, un proceso clave en el que un juez deberá determinar si los implicados continuarán detenidos o enfrentarán su juicio bajo otras disposiciones judiciales.
Desde las 8:00 de la mañana se instaló la diligencia, liderada por un juez de control de garantías, quien analiza si los elementos presentados por la Fiscalía justifican una medida privativa de la libertad contra los procesados. El despacho deberá valorar no solo la solidez del material probatorio, sino también los posibles riesgos de fuga o de obstrucción al proceso, antes de determinar si los investigados serán enviados a prisión, permanecerán en detención domiciliaria o seguirán vinculados bajo restricciones especiales.
Esta fase judicial se desarrolla tras la audiencia de imputación de cargos realizada el pasado 2 de diciembre, una sesión que se extendió por más de tres horas. Durante ese procedimiento, la Fiscalía detalló los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas que, según el ente acusador, conectan a los cinco detenidos con la organización, preparación y ejecución del intento de hurto ocurrido el 29 de noviembre.
A pesar de la exposición del caso, los imputados mantuvieron su posición firme al cierre de la audiencia: ninguno aceptó los cargos. Las autoridades los identificaron como Adrianis Esther González Garavito, de 27 años, con antecedente por porte ilegal de armas; Antonio José Felipe Lanchez, de 50 años, vendedor de pescado sin registros judiciales; Karina Michellys Criado Pumarejo, de 27 años, con anotación por porte ilegal de armas; Jhony José Rodríguez Castillo, de 27 años y de nacionalidad venezolana, herido en un hombro durante el intercambio de disparos; y Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años, quien resultó lesionado en un antebrazo.
La Fiscalía reiteró este miércoles 3 de diciembre su solicitud ante el Juzgado Tercero Municipal de Control de Garantías para que los cinco capturados sean enviados a un centro carcelario. Según el ente acusador, los delitos que se les imputan —homicidio agravado, hurto calificado en grado de tentativa y porte ilegal de armas— podrían acarrear penas de hasta 50 años de prisión.
El juez deberá decidir en las próximas horas si los implicados enfrentarán su proceso tras las rejas o si podrán hacerlo bajo medidas menos restrictivas.
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