Judicial - Mayo 09 de 2026 - 04:08 PM

Jorge y Jaime Galvis, los hermanos asesinados este sábado al norte de Bucaramanga

Jorge Luis Galvis Fula y Jaime Andrés Galvis Fula fueron asesinados en Villa Elena. Jorge Luis tenía 44 años y pagaba condena con brazalete del Inpec. Jaime Andrés, de 42 años, tenía antecedentes por hurto. La fiscalía investiga un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de estupefacientes.

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En las entrañas de Villa Elena 1, en el norte de Bucaramanga, la esquina de la calle 15 con carrera 25 no es solo un cruce de caminos; era el punto de encuentro donde Jorge Luis Galvis Fula y su hermano Jaime Andrés Galvis Fula solían burlar el tiempo entre sorbos de cerveza y charlas de barrio. El sábado 9 de mayo, a las 11:00 de la mañana, ese ritual de hermandad fue interrumpido por la muerte, que llegó caminando sin afán, envuelta en ropajes negros y con la frialdad de quien ya tiene el destino sentenciado en el cañón de un arma.

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Jorge Luis, de 44 años, no era un hombre ajeno a los rigores de la ley. Bajo la manga de su camisa cargaba no solo el peso de sus años, sino también la vigilancia invisible de un brazalete electrónico del Inpec. Cumplía una condena de 9 años y 10 meses por porte ilegal de armas de fuego, un estigma que se sumaba a un abultado expediente por tráfico de estupefacientes, violencia intrafamiliar y fuga de presos.

A su lado, Jaime Andrés, de 42 años, a quien en la zona apodaban con el apelativo de ‘El Loco’, compartía con su hermano más que la sangre: un pasado judicial marcado por el hurto calificado, actos sexuales violentos y el mismo sombrío vínculo con las drogas que parecía perseguir a la familia.


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La escena fue quirúrgica. El sicario, que según testigos se desplazaba con una parsimonia aterradora por las peatonales del sector, se detuvo frente a ellos y, sin mediar palabra, abrió fuego. Jorge Luis Galvis Fula recibió la peor parte: cinco proyectiles perforaron su cuerpo, arrebatándole la vida antes de que pudiera soltar el envase que sostenía.

Jaime Andrés fue impactado en tres ocasiones, cayendo casi en el mismo ángulo que su hermano mayor. Los dos quedaron estampados en el asfalto, unidos por una última mancha de sangre que se extendía sobre la misma acera donde minutos antes reían.

Tras el estruendo, el silencio del barrio se rompió con el grito desgarrador de una mujer que, desesperada, salió de la vivienda frontal para intentar lo imposible. En un video que rápidamente inundó las redes sociales, se le ve tratando de reanimar los cuerpos exánimes mientras el vecindario se sumía en el pánico. El asesino, fiel a su plan, caminó de regreso por los laberintos de Villa Elena hasta encontrarse con un cómplice que lo esperaba en una motocicleta, perdiéndose ambos en el anonimato de las calles del norte.

Las razones del crimen, aunque aún bajo el sello de la investigación oficial, flotan en el ambiente con el peso de una verdad a voces. En el barrio se comenta que los hermanos Galvis Fula estarían presuntamente vinculados al complejo entramado del tráfico de estupefacientes a nivel local. Por ello, la hipótesis que cobra más fuerza para la Unidad de Criminalística es la de un ajuste de cuentas.

Una deuda de sangre o de territorio en el submundo criminal que no admitía más esperas y que encontró en esa esquina de Villa Elena el lugar perfecto para saldar las cuentas pendientes, apagando dos vidas que, para bien o para mal, siempre caminaron por el mismo sendero peligroso.

Publicado por Redacción Judicial
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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