Mileydy Villada, concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle del Cauca, fue asesinada por hombres armados en motocicleta. El crimen generó reacciones políticas y preocupación por la seguridad electoral.
La violencia política volvió a golpear al Valle del Cauca tras el asesinato de Mileydy Villada, concejal del municipio de Obando y presidenta del Concejo Municipal, quien fue atacada a tiros en la tarde de este 7 de mayo por hombres armados que se movilizaban en motocicleta.
El crimen ocurrió en el barrio El Jardín, donde, según los primeros reportes, dos sujetos interceptaron a la dirigente del Centro Democrático y le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. El ataque generó conmoción en esta población del norte del Valle y reavivó las preocupaciones sobre la seguridad de líderes políticos en regiones afectadas por la presencia de grupos armados ilegales.
Mileydy Villada era una de las figuras visibles del Centro Democrático en Obando y actualmente ejercía como presidenta del Concejo Municipal. Su asesinato provocó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos, especialmente dentro de su colectividad.
La candidata presidencial Paloma Valencia rechazó el crimen durante un pronunciamiento realizado desde Medellín. “Queremos rechazar con toda contundencia el asesinato en Obando, Valle, de nuestra concejal Mileydy Villada. Vinieron en una moto y la mataron”, expresó.
La dirigente política también cuestionó duramente al Gobierno Nacional y lanzó críticas al senador Iván Cepeda. “El Gobierno sigue descuidando a los colombianos. El Gobierno no le da garantías a la oposición. El candidato Iván Cepeda sigue silencioso, cuando la violencia está obligando a los colombianos a votar por su candidatura. Ya incluso la Unión Europea lo reconoce. Que responda el senador Cepeda, que dé la cara”, afirmó.
El asesinato ocurrió en medio de crecientes alertas sobre problemas de orden público y garantías electorales en varias regiones del Valle del Cauca. Un día antes del crimen, el Centro Democrático había denunciado supuestas restricciones para adelantar actividades de campaña en zonas rurales del departamento debido a presiones de estructuras armadas ilegales.
De acuerdo con dirigentes de esa colectividad, algunas figuras políticas no han podido ingresar a ciertos municipios por amenazas y situaciones de riesgo derivadas del accionar de grupos armados.
El diputado del Valle Rafael Rodríguez aseguró que municipios como Dagua y Jamundí enfrentan situaciones especialmente delicadas relacionadas con presuntos casos de constreñimiento electoral y limitaciones para el ejercicio político de cara a las elecciones previstas para el próximo 31 de mayo.
La situación se desarrolla en un contexto nacional marcado por la preocupación frente a las garantías de seguridad durante la campaña presidencial, especialmente en regiones donde persisten disputas territoriales y presencia de organizaciones armadas ilegales.
Pese a las denuncias y advertencias, las autoridades electorales del Valle del Cauca habían entregado recientemente un parte de tranquilidad luego de la realización del quinto Comité de Seguimiento Electoral. El delegado de la Registraduría Nacional en el departamento, Rodrigo Molano, afirmó que existía un despliegue suficiente de seguridad para proteger las más de 11.000 mesas de votación habilitadas en la región.
Sin embargo, el asesinato de Mileydy Villada volvió a encender el debate sobre la capacidad institucional para garantizar la protección de líderes políticos y candidatos en territorios con altos niveles de conflictividad.
A esto se suman las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo sobre el municipio de Obando. Durante 2025, el organismo había advertido sobre la necesidad de una intervención prioritaria del Estado debido a la imposición de normas ilegales y otras formas de control territorial ejercidas por grupos armados que operan en la zona.
Además, documentos emitidos en 2022 y actualizados en 2024 señalaban que el riesgo para la población seguía siendo alto por la persistencia de estructuras criminales y el desplazamiento de confrontaciones hacia municipios cercanos.
La Defensoría también advirtió que la respuesta institucional frente a estas amenazas ha sido insuficiente y desarticulada, debido a que varias entidades no han entregado información completa sobre las acciones implementadas para atender las alertas y proteger a las comunidades.
Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el asesinato de Mileydy Villada y dar con los responsables, la muerte de la dirigente política incrementa la preocupación por el panorama de violencia y seguridad electoral en el país.
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