Judicial - Mayo 12 de 2026 - 11:06 AM

Fiscalía niega solicitud de Petro de liberar a Chiquito Malo y sus secuaces

La Fiscalía mantuvo las órdenes de captura contra 29 miembros del Clan del Golfo, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Aunque el Gobierno pidió suspenderlas para diálogos de paz en junio de 2026, la justicia exige verificar primero sus identidades y procesos.

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La Fiscalía General de la Nación ha establecido una línea roja frente a las pretensiones del Gobierno Nacional de suspender las acciones judiciales contra la cúpula del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como el Clan del Golfo.

En una decisión que reafirma la autonomía del Poder Judicial, el ente acusador confirmó que las órdenes de captura y las solicitudes de extradición contra 29 integrantes de esta estructura criminal se mantendrán plenamente vigentes.

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La determinación se produce tras la solicitud del Ejecutivo del pasado 8 de mayo, que buscaba despejar el camino jurídico para el traslado de estos cabecillas a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Córdoba y Chocó.

Sin embargo, la Fiscalía, mediante un riguroso análisis legal, advirtió que no habrá suspensiones automáticas. Para la entidad, el ingreso a estas zonas, programado para el 25 de junio de 2026, no constituye un cheque en blanco de movilidad ni el punto final de los procesos penales, sino apenas un medio para facilitar un eventual sometimiento que aún debe ser verificado.

El punto de mayor fricción radica en la situación de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo. Sobre el máximo jefe del Clan del Golfo pesa un concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia para su extradición a los Estados Unidos desde diciembre de 2025.

Al mantener activa su orden de captura, la Fiscalía asegura que el cabecilla siga respondiendo ante la justicia internacional y nacional, dejando en manos del Presidente la decisión final sobre su envío al exterior, pero sin otorgarle beneficios de libertad anticipada en el territorio nacional.

La lista de los 29 beneficiarios de la solicitud gubernamental, cuyas órdenes de captura seguirán vigentes hasta que la Fiscalía compruebe su identidad y situación jurídica individual, está integrada por:

Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo (Máximo cabecilla)

Tatiana Andrea Correa Jaramillo

José Francisco Peña Santana

Luis Enrique Martínez Cogollo

Carlos Andrés Méndez Paternidad

Ermy Daniel Velásquez Cuadrado

Fredy Ferney Anaya Mejía

Andrés Arrieta Cardona

Luis Antonio Mogrovejo

Orosman Orlando Osten Blanco

Elkin Casarrubia Posada

Wilmar Albeiro Mejía Úsuga

Luis Armando Pérez Castañeda

José Alberto Vega Alvarán

Deneil Enrique Acosta Ballesteros

Álvaro Padilla Medina

Julio César Sánchez

Ana Gisela Vásquez Jiménez

Jesús Betancur

Juan Pablo Marín Quiceno

Esneider Paul Torres Santero

Juan Carlos Hernández Díaz

Armando Morellys Socarrás Negrete

Jesús Arnovis Betancur Sepúlveda

Arturo Efraín Viera Almanza

Jesús Ramos Machado

Juan David Bahena Miranda

José Higinio Arroyo Ojeda

Jaime Antonio Morelo Fajardo

La Fiscalía insistió en que la información proporcionada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz hasta ahora solo acredita "compromisos de ingreso", pero carece de mecanismos verificables que garanticen que estos delincuentes permanecerán bajo supervisión estatal y no utilizarán las zonas de ubicación para evadir sus responsabilidades. Mientras el Ministerio de Defensa y la Mapp-OEA coordinan la logística para junio, el ente acusador dejó claro que las investigaciones por narcotráfico, homicidios y desplazamientos forzados cometidos por estos sujetos continúan su curso sin interrupciones.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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