Fiscalía y Dian ponen bajo la lupa la campaña de Iván Cepeda por origen de los recursos
La campaña presidencial de Iván Cepeda quedó bajo revisión tras denuncias por presuntos aportes superiores a 725 millones de pesos relacionados con publicidad electoral y reportes ante el Consejo Nacional Electoral.
La financiación de la campaña presidencial del Pacto Histórico volvió al centro de la controversia política luego de que surgieran denuncias relacionadas con presuntos aportes superiores a los 700 millones de pesos que habrían sido reportados durante la aspiración de Iván Cepeda, proceso que culminó el pasado 26 de octubre de 2025 con su escogencia como candidato presidencial de la izquierda colombiana.
La situación quedó bajo análisis de las autoridades tras una denuncia radicada ante la Dian y la Fiscalía General de la Nación, en la que se cuestionan posibles inconsistencias relacionadas con la contabilidad de la campaña y el origen de recursos vinculados al empresario barranquillero Javier Antonio Pérez Páez.
Según los documentos conocidos públicamente, el nombre del empresario aparece registrado dentro de los reportes entregados por la campaña de Iván Cepeda ante el Fondo Nacional de Financiación Política, junto con la empresa Samat Publicidad S.A.S., de la cual Pérez Páez figura como representante legal.
De acuerdo con la información reportada, la empresa habría aparecido asociada a un aporte por 609.399.000 pesos, mientras que otro registro adicional, atribuido directamente al empresario, estaría relacionado con una cifra de 116.151.000 pesos.
La suma de ambos conceptos supera los 725 millones de pesos, situación que generó interrogantes sobre la naturaleza de esos recursos y la capacidad financiera de la empresa involucrada.
Dentro de la documentación reportada ante las autoridades electorales, los recursos habrían estado relacionados con la producción de material publicitario para la campaña presidencial de Iván Cepeda, incluyendo cientos de miles de periódicos impresos, hojas volantes, pendones y piezas gráficas distribuidas durante la contienda política.
Entre los elementos descritos aparecen trabajos como la elaboración de 300.000 periódicos de formato tabloide, más de 400.000 volantes, decenas de pendones y posteriormente otro paquete de publicidad que incluía 1.700.000 periódicos y más de dos millones de hojas volantes impresas a full color.
Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que, según el certificado de Cámara de Comercio, Samat Publicidad S.A.S. tendría un capital registrado de apenas 20 millones de pesos, cifra que ha despertado dudas sobre la posibilidad real de financiar operaciones por montos tan elevados.
La denuncia fue presentada por el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, quien pidió a la Dian y a la Fiscalía revisar posibles irregularidades relacionadas con la financiación electoral y una eventual vulneración de topes permitidos durante la campaña presidencial.
En medio de la controversia, Javier Antonio Pérez Páez negó haber realizado donaciones a la campaña de Iván Cepeda y aseguró que el negocio correspondía realmente a un crédito derivado de servicios prestados.
“No he donado, yo no aporté nada”, afirmó el empresario, quien además explicó que el acuerdo consistía en suministrar material publicitario con la expectativa de recibir el pago posteriormente, una vez la campaña obtuviera recursos por concepto de reposición de votos.
El empresario también sostuvo que no contaba con dinero suficiente para hacer aportes de ese nivel y aseguró que toda la operación estaba respaldada con facturas y soportes entregados a la campaña política.
Según relató, fue contactado por Antonio Peñalosa, secretario general del Polo Democrático, y aseguró que lleva más de diez años trabajando con esa colectividad, aunque insistió en que no participa directamente en política.
Uno de los principales cuestionamientos gira alrededor de la forma en que esos movimientos quedaron registrados en el sistema oficial Cuentas Claras, donde aparecen reflejados como aportes y no como obligaciones financieras o créditos.
La discusión ahora se concentra en establecer si existió un error contable, una irregularidad en los reportes o una posible estrategia para disminuir artificialmente los gastos reportados oficialmente durante la campaña presidencial.
De acuerdo con la versión entregada por la campaña, los recursos asociados a Samat Publicidad y Javier Antonio Pérez Páez corresponderían a créditos derivados del suministro de propaganda electoral y, por esa razón, no habrían sido incluidos dentro del cálculo del tope máximo de gastos permitido.
Asesores del Consejo Nacional Electoral señalaron que la Resolución 00200 de 2025 autorizaba una inversión máxima cercana a los 3.040 millones de pesos para la campaña presidencial de Iván Cepeda, mientras que oficialmente fueron reportados cerca de 964 millones en gastos.
Ahora será la sala plena del Consejo Nacional Electoral la encargada de definir si existieron irregularidades dentro del proceso contable y financiero de la campaña, decisión que se conocería después de la segunda vuelta presidencial.
Mientras tanto, la Dian y la Fiscalía deberán establecer si la empresa involucrada tenía realmente la capacidad financiera para asumir créditos de más de 725 millones de pesos y cómo fueron financiadas las obligaciones derivadas de la producción del material publicitario.
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