Judicial - Febrero 08 de 2026 - 09:56 AM

'Mafe' Vargas lucha por su vida en Bucaramanga: se quemó trabajando en un hotel

María Fernanda Vargas Díaz, de 22 años, permanece en estado crítico tras sufrir un grave accidente laboral en un hotel del centro de Bucaramanga. La joven presenta quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo y su pronóstico es reservado.

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En una cama de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, permanece desde hace varios días María Fernanda Vargas Díaz, una joven de 22 años que hoy pelea por sobrevivir tras sufrir un accidente mientras trabajaba como mesera en un hotel del centro de la ciudad. El hecho ocurrió durante su jornada laboral, derivó en quemaduras de segundo y tercer grado que comprometen cerca del 95 % de su cuerpo y abrió una profunda controversia sobre las condiciones de contratación, la ausencia de protección laboral y las responsabilidades del empleador en un caso que se conoció a finales de esta semana.


La historia de María Fernanda no comenzó con sirenas ni con ambulancias. Con apenas 22 años, desempeñaba labores de atención al público en un hotel del centro de Bucaramanga, un empleo que asumía como parte de su proyecto personal y económico. Hoy, ese proyecto está suspendido por una emergencia médica de extrema gravedad.


El accidente, cuyas causas exactas continúan bajo revisión, la dejó con lesiones críticas que obligaron a su traslado inmediato a un centro asistencial de alta complejidad. Desde entonces, permanece intubada, bajo sedación y con pronóstico reservado. Los especialistas han advertido que el proceso que enfrenta no solo será largo, sino incierto, con múltiples cirugías reconstructivas y riesgos asociados a infecciones, fallas orgánicas y secuelas permanentes.


Mientras el equipo médico libra una carrera contrarreloj por estabilizarla, fuera de la UCI se desarrolla otra batalla igual de angustiante. Su madre, Liliana Díaz, denunció públicamente que su hija no estaba afiliada a una Administradora de Riesgos Laborales, pese a encontrarse desempeñando funciones cuando ocurrió el accidente. Esta situación, según la familia, dejó a María Fernanda expuesta y sin las garantías mínimas que exige la ley para un trabajador.


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De acuerdo con el testimonio de la madre, en las primeras horas posteriores al accidente se habría intentado gestionar la atención médica registrando a la joven como huésped del hotel, con el fin de activar un seguro distinto al laboral. La familia se negó, insistiendo en que lo sucedido corresponde a un accidente de trabajo y debe ser asumido como tal por quien corresponda.

Actualmente, la atención médica se ha logrado mantener gracias al régimen subsidiado, mientras la familia enfrenta trámites, incertidumbre jurídica y un profundo desgaste emocional. La imposibilidad de conocer con exactitud el alcance total de las lesiones, debido a la sedación y la intubación, agrava aún más la angustia.

Desde el establecimiento donde ocurrió el accidente, la defensa jurídica manifestó que existe disposición para colaborar con las autoridades y adelantar las investigaciones internas necesarias. Aseguraron, además, estar abiertos al diálogo con la familia, aunque reconocieron que hasta ahora no ha sido posible concretar un acercamiento directo.

El caso de María Fernanda Vargas Díaz trasciende el ámbito médico. Se convierte en un espejo de las fallas estructurales en la protección de jóvenes trabajadores, en la informalidad laboral y en los vacíos que salen a la luz solo cuando una jornada de trabajo termina convertida en una lucha por la vida.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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