Judicial - Diciembre 15 de 2025 - 07:07 PM

Rescatan a comerciante secuestrado en zona rural de Lebrija tras engaño por redes sociales

Lo que comenzó como una oportunidad de inversión terminó convertido en una pesadilla que mantuvo en vilo a una familia y activó un operativo de rescate en zona rural de Santander. Un comerciante fue engañado a través de redes sociales, privado de la libertad y sometido a intimidaciones mientras sus captores exigían dinero por su liberación.

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Un comerciante vivió horas de angustia luego de ser secuestrado en una zona rural del municipio de Lebrija, Santander, tras desplazarse desde Bogotá para concretar la compra de una finca que había sido ofrecida por redes sociales. Lo que parecía una negociación legítima resultó ser una trampa organizada por un grupo delincuencial.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Gaula de la Policía, la víctima llegó al punto previamente acordado para verificar el predio, momento en el que fue abordado por quienes se presentaron como los supuestos vendedores. En lugar de una negociación, el hombre fue retenido contra su voluntad y llevado a un lugar apartado, donde permaneció en cautiverio.


Durante la retención, los delincuentes exigieron a los familiares del comerciante una suma de 40 millones de pesos para permitir su liberación. Como método de presión, enviaban fotografías y videos en los que se observaba a la víctima amarrada y en evidente estado de indefensión, con mensajes dirigidos a acelerar el pago del dinero.


En uno de los registros enviados, el propio comerciante, visiblemente afectado, pedía ayuda a sus seres queridos para reunir el monto exigido, asegurando que no lo dejarían en libertad hasta completar la suma solicitada. Estos mensajes generaron temor y desesperación en su entorno familiar.


El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que fue la denuncia oportuna de la esposa de la víctima lo que permitió activar de inmediato el operativo de rescate. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró ubicar el sitio donde el comerciante estaba retenido.


El procedimiento se desarrolló en zona rural de Lebrija, donde fueron capturados dos hombres, de 26 y 24 años, quienes custodiaban a la víctima al momento de la intervención. Durante el operativo se incautaron dos motocicletas, varios teléfonos celulares y un revólver. Uno de los capturados resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Universitario de Santander para recibir atención médica.


Horas más tarde, gracias a información suministrada por la comunidad, las autoridades lograron la captura de un tercer implicado, un hombre de 28 años, señalado de tener un rol clave dentro del grupo criminal. Fue ubicado cerca del lugar donde se mantenía al comerciante en cautiverio.


A este último capturado se le incautaron un revólver, seis cartuchos y cuatro teléfonos celulares. Fue judicializado inicialmente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, aunque las autoridades no descartan que enfrente cargos adicionales relacionados con el secuestro.


La víctima fue rescatada sana y salva y recibió acompañamiento de las autoridades tras el dramático episodio. Entre tanto, los tres capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía, que adelantará las audiencias correspondientes ante un juez de control de garantías para definir su situación jurídica.


El caso sirve como advertencia sobre los riesgos de realizar negocios de alto valor a través de redes sociales sin las verificaciones necesarias, especialmente en zonas apartadas del país.

Publicado por Redacción Ke se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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