Grabado desde la calle y despedido: ahora exige más de 230 mil dólares

Un ingeniero informático con casi una década de trayectoria en la Municipalidad de Vitacura, en Santiago de Chile, demandó a su antiguo empleador por más de 230 mil dólares tras ser despedido luego de la difusión masiva de un video grabado en junio del año pasado, en el que aparece manteniendo relaciones sexuales dentro de una oficina municipal durante horas extras, hecho que se volvió viral y detonó un escándalo público y laboral.

El caso que hoy se discute en tribunales comenzó como un episodio inesperado captado desde el exterior del edificio consistorial de Vitacura. Un grupo de jóvenes que practicaba skate en las inmediaciones grabó, desde una ventana, una escena íntima ocurrida al interior de una dependencia municipal fuera del horario habitual. El video fue publicado en redes sociales y rápidamente se propagó, alcanzando más de 28 millones de reproducciones en TikTok y convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del año.

Tras la viralización, el funcionario involucrado fue desvinculado de la municipalidad, institución en la que había trabajado durante nueve años como ingeniero informático. Aunque el hecho generó amplio rechazo público, el exfuncionario sostiene que su despido no se ajustó a la legalidad y estuvo marcado por irregularidades que vulneraron sus derechos laborales y personales.

En diciembre, el ingeniero presentó una demanda ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en la que acusa a la municipalidad de causarle un grave daño moral. En el escrito judicial afirmó que su desempeño profesional fue siempre sobresaliente, con evaluaciones de excelencia y sin antecedentes disciplinarios, y que el sumario administrativo adelantado en su contra fue, a su juicio, arbitrario e ilegal.

Uno de los puntos centrales de la demanda apunta a la actuación de la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Según el exfuncionario, la mandataria local habría anunciado públicamente su destitución antes de que concluyera el proceso disciplinario, afectando su derecho a la defensa y exponiéndolo de manera anticipada al juicio público.

El ingeniero asegura que la amplia difusión del caso, sumada a los pronunciamientos oficiales, tuvo consecuencias severas en su salud mental. En su relato ante el juzgado señaló haber sufrido ansiedad, estrés persistente, temor constante y una profunda afectación a su autoestima, condiciones que atribuye directamente a la forma en que se manejó su desvinculación.

Como parte de sus pretensiones, el demandante solicita una indemnización económica que supera los 230 mil dólares, además de medidas de reparación simbólica. Entre ellas, pide que el municipio emita una declaración pública reconociendo el daño psicológico ocasionado y que la alcaldesa reciba capacitación en derechos laborales y protección de la integridad psíquica de los trabajadores.

El video fue grabado por una joven identificada como Carolina Gallo, quien posteriormente relató en medios locales que el registro fue espontáneo y de corta duración. Según su testimonio, tras la escena íntima los involucrados incluso pidieron comida a domicilio, un detalle que contribuyó a la viralización y al tono surrealista con el que el caso fue tratado en redes sociales.

Más allá del impacto mediático, el episodio abrió un debate en Chile sobre los límites entre la vida privada, la conducta en espacios laborales y la proporcionalidad de las sanciones. Mientras algunos consideran que la desvinculación fue inevitable, otros cuestionan si el proceso respetó las garantías mínimas del trabajador.

Con la demanda aún en trámite, el caso continúa generando discusión pública y jurídica, y se perfila como un precedente relevante en materia de derechos laborales, exposición mediática y responsabilidad institucional en situaciones de alto impacto social.