Mundo - Junio 25 de 2026 - 06:14 PM

Número de fallecidos en el terremo de Venezuela asciende a 188: hay más de 1.500 heridos

Venezuela enfrenta una de las peores emergencias de los últimos años tras dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados este 24 de junio. El balance preliminar deja al menos 188 muertos, más de 1.500 heridos y más de 37.000 personas sin ubicar.

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Una de las mayores tragedias naturales de los últimos años golpeó a Venezuela durante este miércoles 24 de junio, luego de que dos potentes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieran el norte del país con apenas 40 segundos de diferencia. La fuerza de los movimientos telúricos provocó el colapso de decenas de edificaciones, dejó extensos daños en la infraestructura, ocasionó interrupciones en el servicio de energía eléctrica y sembró el pánico entre millones de habitantes.

El balance preliminar de la emergencia da cuenta de al menos 188 personas fallecidas, más de 1.500 lesionadas y más de 37.000 cuyo paradero aún no ha podido ser establecido mientras continúan las labores de búsqueda. Equipos de rescate trabajan de manera ininterrumpida entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes en las zonas donde se registraron los mayores niveles de destrucción.

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El estado de La Guaira concentra la peor parte de la tragedia. En esta región del norte venezolano, decenas de edificios colapsaron completamente o sufrieron graves afectaciones estructurales como consecuencia de la intensidad de los sismos. Periodistas que permanecen en el lugar informaron que gran parte del territorio quedó sin servicio de energía eléctrica y que numerosos habitantes pedían ayuda para rescatar a personas atrapadas bajo las estructuras que se desplomaron.

Las escenas de angustia también se extendieron hasta Caracas y otras ciudades cercanas, donde miles de ciudadanos evacuaron viviendas, oficinas y establecimientos comerciales mientras se registraban los dos movimientos telúricos. El doble sismo dejó importantes daños en la infraestructura y generó momentos de desesperación entre la población, que buscó refugio en espacios abiertos ante el temor de nuevas réplicas.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el epicentro fue localizado cerca de Montalbán, una región ubicada en las proximidades de importantes instalaciones petroleras, circunstancia que incrementó la preocupación de las autoridades frente a posibles afectaciones en infraestructura estratégica.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional y declaró al estado de La Guaira como "zona de desastre", medida con la que se busca facilitar la atención de la crisis y concentrar los esfuerzos institucionales para asistir a las comunidades afectadas por el devastador fenómeno natural.

Mientras los organismos de socorro continúan removiendo escombros y recorriendo las áreas más golpeadas por el doble terremoto, el Gobierno de Colombia anunció que activó todas sus capacidades para brindar apoyo a Venezuela en caso de que la ayuda sea solicitada oficialmente. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo mantienen una coordinación permanente con el propósito de responder oportunamente a la emergencia humanitaria.

En medio del difícil panorama, la dirigente María Corina Machado expresó su solidaridad con las familias afectadas por la tragedia e hizo un llamado a la unión de los venezolanos para enfrentar las consecuencias del desastre. Aunque la alerta inicial de tsunami fue cancelada, las operaciones de búsqueda y rescate permanecen activas en las zonas donde el impacto de los terremotos dejó mayor destrucción y donde las esperanzas continúan centradas en encontrar personas con vida entre los escombros.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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