Pandilleros de El Salvador pagarán hasta mil años de cárcel por sus crímenes

La justicia salvadoreña volvió a enviar un mensaje de mano dura contra las pandillas con la imposición de condenas históricas a miembros de la Mara Salvatrucha. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, 248 integrantes de esta estructura criminal recibieron sentencias consideradas “ejemplares” por su responsabilidad en una amplia cadena de delitos de alto impacto.

Entre las condenas más severas se encuentra la de un pandillero sentenciado a 1.335 años de prisión, mientras que otros recibieron penas que van desde los 463 hasta los 958 años de cárcel. Los fallos judiciales corresponden a procesos en los que se acreditó la participación de los acusados en homicidios agravados, desapariciones forzadas, extorsión sistemática y narcotráfico.

Según la información divulgada por Deutsche Welle, los hechos juzgados ocurrieron entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes. Las investigaciones también establecieron la invasión de viviendas y la distribución de drogas en distintos sectores del departamento de La Libertad.

La Fiscalía señaló que los condenados pertenecían a la clica TLS de la MS-13, la cual había establecido bases operativas en varios puntos de la región para planear y ejecutar sus acciones criminales. Las autoridades detallaron que muchos comerciantes fueron obligados a pagar cuotas bajo amenazas de muerte, situación que provocó el cierre de negocios y el desplazamiento de familias por miedo a represalias.

Estas sentencias se producen en el marco del régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, una medida que permite detenciones sin orden judicial y que ha sido el pilar de la ofensiva estatal contra las pandillas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido capturadas desde la entrada en vigencia de esta política, aunque cerca de 8.000 recuperaron su libertad tras comprobarse su inocencia.

El Gobierno salvadoreño sostiene que la estrategia ha permitido reducir los homicidios a mínimos históricos y recuperar el control de territorios que durante años estuvieron bajo dominio de las pandillas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado el régimen de excepción por presuntos abusos, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal.

Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, al menos 454 personas han fallecido en cárceles salvadoreñas desde 2022, cifras que contrastan con el discurso oficial de éxito en materia de seguridad. Pese a las críticas, el modelo de Bukele ha despertado interés en otros países de la región.

Recientemente, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que estudia la implementación de medidas similares y la eventual construcción de una prisión inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, la megacárcel salvadoreña que se ha convertido en símbolo de la política de seguridad del país centroamericano.