Mundo - Diciembre 22 de 2025 - 05:59 PM

Pandilleros de El Salvador pagarán hasta mil años de cárcel por sus crímenes

La justicia de El Salvador condenó a 248 miembros de la Mara Salvatrucha a penas que alcanzan hasta 1.335 años de prisión por homicidios, extorsión y narcotráfico. Las sentencias se dieron bajo el régimen de excepción impulsado por Nayib Bukele.

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La justicia salvadoreña volvió a enviar un mensaje de mano dura contra las pandillas con la imposición de condenas históricas a miembros de la Mara Salvatrucha. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, 248 integrantes de esta estructura criminal recibieron sentencias consideradas “ejemplares” por su responsabilidad en una amplia cadena de delitos de alto impacto.


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Entre las condenas más severas se encuentra la de un pandillero sentenciado a 1.335 años de prisión, mientras que otros recibieron penas que van desde los 463 hasta los 958 años de cárcel. Los fallos judiciales corresponden a procesos en los que se acreditó la participación de los acusados en homicidios agravados, desapariciones forzadas, extorsión sistemática y narcotráfico.


Según la información divulgada por Deutsche Welle, los hechos juzgados ocurrieron entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes. Las investigaciones también establecieron la invasión de viviendas y la distribución de drogas en distintos sectores del departamento de La Libertad.


La Fiscalía señaló que los condenados pertenecían a la clica TLS de la MS-13, la cual había establecido bases operativas en varios puntos de la región para planear y ejecutar sus acciones criminales. Las autoridades detallaron que muchos comerciantes fueron obligados a pagar cuotas bajo amenazas de muerte, situación que provocó el cierre de negocios y el desplazamiento de familias por miedo a represalias.


Estas sentencias se producen en el marco del régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele en marzo de 2022, una medida que permite detenciones sin orden judicial y que ha sido el pilar de la ofensiva estatal contra las pandillas. De acuerdo con cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido capturadas desde la entrada en vigencia de esta política, aunque cerca de 8.000 recuperaron su libertad tras comprobarse su inocencia.


El Gobierno salvadoreño sostiene que la estrategia ha permitido reducir los homicidios a mínimos históricos y recuperar el control de territorios que durante años estuvieron bajo dominio de las pandillas. No obstante, organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado el régimen de excepción por presuntos abusos, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal.


Según la organización Socorro Jurídico Humanitario, al menos 454 personas han fallecido en cárceles salvadoreñas desde 2022, cifras que contrastan con el discurso oficial de éxito en materia de seguridad. Pese a las críticas, el modelo de Bukele ha despertado interés en otros países de la región.


Recientemente, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que estudia la implementación de medidas similares y la eventual construcción de una prisión inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot, la megacárcel salvadoreña que se ha convertido en símbolo de la política de seguridad del país centroamericano.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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