País - Junio 03 de 2026 - 03:42 PM

11 adolescentes entre los 48 cuerpos por enfrentamiento entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco'

El Instituto de Medicina Legal confirmó la identificación de 43 personas fallecidas en los combates de Guaviare, entre quienes figuran Alexis Javier Colorado Ibarra, Jonatan Vargas Rodríguez y Jhonifer Alexis Aranda Muse. Los cuerpos corresponden a combatientes y menores de edad atrapados en las disputas territoriales de las disidencias de alias Calarcá e Iván Mordisco.

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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregó el primer balance oficial sobre las labores de identificación de los cuerpos recuperados luego de las intensas confrontaciones armadas que tuvieron lugar el pasado 27 de mayo en la vereda Barranco Colorado, en jurisdicción del departamento del Guaviare. Los análisis periciales permitieron establecer la identidad de 43 de los 48 fallecidos que dejó esta incursión armada, la cual enfrentó a la estructura criminal Isaías Carvajal, bajo el mando de alias Calarcá, contra la estructura Armando Ríos, perteneciente a las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco.

El director general de la institución forense, Ariel Emilio Cortés Martínez, detalló a través de un informe técnico que el equipo interdisciplinario de patólogos distribuyó los restos biológicos en tres sedes regionales para agilizar los protocolos de necropsia y dactiloscopia debido al volumen de la emergencia. De acuerdo con el reporte, la totalidad de los fallecidos corresponde a 39 personas de sexo masculino y 9 de sexo femenino.

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Dentro del grupo de víctimas identificadas se constató la presencia de 11 menores de edad —ocho adolescentes de sexo masculino y tres de sexo femenino—, cuyos nombres completos se mantuvieron bajo reserva legal y protección de derechos de acuerdo con los lineamientos de los códigos de infancia nacionales. Por su parte, cinco de los cuerpos recuperados en el área rural de Barranco Colorado permanecen en condición de no identificados en los laboratorios de morfología debido al estado en que fueron trasladados por las comisiones humanitarias.

La magnitud del hecho generó un pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien calificó la muerte de los menores de edad en el teatro de operaciones como una situación asimilable a una masacre. La funcionaria cuestionó el reclutamiento forzado y el sacrificio de jóvenes en el marco del conflicto interno colombiano, exhortando a las estructuras en disputa a cesar las hostilidades que afectan de manera directa a la población civil de la región amazónica.

Listado oficial de víctimas identificadas por el Instituto de Medicina Legal

A petición de los parámetros institucionales y para facilitar la verificación por parte de sus familiares y colectivos de derechos humanos, la lista de los ciudadanos identificados plenamente en las morgues regionales se detalla a continuación:

Sede Bogotá

Alexis Javier Colorado Ibarra

Jonatan Vargas Rodríguez

Jhonifer Alexis Aranda Muse

Juan Camilo Pérez Rios

Arsecio Betancur Obregon

Elizabeth Ulcue Cruz

Floro Alberto Quitumbo Pito

Henry Jhoan Rodríguez

Ruben Dario Montero Timana

Yoffer Cambindoo Obando

Arrieta Castro José Julián

Luis Alberto Muñoz Romero

Carlos Javier Silva Pedraza

Dheyby Wilson Criollo Bastidas

Daniela Mucutuy Valencia

Yolanda Yomari Nastacuas Guanga

Kedwin Adrián Mosquera Galvis

Edison Requena Torres

Harrison Stiven Medina Durango

Menor de edad identificado con las iniciales YUC

Menor de edad identificado con las iniciales JPCG

Menor de edad identificado con las iniciales YOUC

Menor de edad identificado con las iniciales MAR

Menor de edad identificado con las iniciales WAPM

Menor de edad identificado con las iniciales CYJA

Sede Yopal

Álvarez Arteaga Jonatan David

Orobio Angulo Jhon Aris

Mosquera Perea Dayler

Parra Rojas José Edinsson

Yucuna Tanimuca Elida Omaira

Menor de edad identificado con las iniciales UVTD

Sede Villavicencio

Brayan Daniel Pérez Moreno

María Zenaida Caldon

Luis Alberto Valencia Cuetia

Royer Wilfredo Tellez Turbay

María Luisa Mosquera Hoyos

José Alirio Calambas Canas

Cristian Felipe Balvin Vidal

José Hernando Menza Trochez

Bernardo Castro Yagary

Menor de edad identificado con las iniciales AFAY

Menor de edad identificado con las iniciales FYFE

Menor de edad identificado con las iniciales JJCHCH

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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