Durante su visita a Arauca, el presidente Abelardo De La Espriella reclamó al alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, por la inoperatividad de la planta procesadora del municipio. Pese a una inversión superior a $11.000 millones, la obra no presta servicio, lo que motivó la orden de revisar los recursos asignados.
Una contundente intervención política e institucional protagonizó este lunes el presidente De La Espriella durante la celebración de un Consejo de Seguridad y una jornada del programa "Milagro de las Regiones" en el departamento de Arauca. Ante la presencia del gobernador Renson Jesús Martínez Prada y los mandatarios locales de la zona, el jefe de Estado encaró a la dirigencia regional por los escasos resultados de las cuantiosas inversiones giradas por la Nación en la última década, señalando directamente la corrupción administrativa y el accionar armado como los dos grandes obstáculos para el desarrollo territorial.
Durante su discurso de cierre, el mandatario contrapuso los montos transferidos frente al rezago en infraestructura que padece la región. «Señor gobernador y alcaldes, desde el año 2012 el departamento ha recibido cerca de 4 billones en regalías. No se ven esas regalías en obras, tampoco se ve el progreso. ¿Saben por qué esta tierra se ha mantenido en pie? No es por los políticos, es por el araucano trabajador y patriota», recriminó el presidente. Acto seguido, profundizó en las denuncias sobre el manejo fiscal de esos fondos: «Aquí ha llegado mucho dinero, pero ese dinero no se ve reflejado. ¿Qué pasó con ese dinero? No hay otra explicación: se lo robaron. Yo no vine aquí a protegerle la espalda a nadie».
Como botón de muestra de las irregularidades en la contratación local, De La Espriella citó el caso de la planta de plátano en el municipio de Tame, una obra que ha recibido inyecciones presupuestales por el orden de los 11.500 millones de pesos pero que a la fecha solo registra un avance físico del 3,75 %.
En ese sentido, increpó al mandatario de esa localidad, , Miguel Ángel Bastos Morales, sobre la falta de ejecución de los recursos asignados. Paralelamente, anunció la intervención estatal de los centros asistenciales que atraviesan severas crisis financieras para evitar que sigan siendo objeto de manejo politiquero, al tiempo que advirtió que el Gobierno nacional enfrentará con rigor legal a cualquier autoridad local con nexos con la criminalidad o el narcoterrorismo: «Que nadie confunda la cortesía institucional con la complicidad».
Para ejercer un control estricto sobre los caudales públicos, el presidente anunció que asumirá personalmente la conducción de un bloque de búsqueda contra la corrupción. Esta unidad especial integrará las capacidades de la inteligencia estatal, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Secretaría de Transparencia y la colaboración de agencias de los Estados Unidos.
Asimismo, en materia de orden público, ordenó una ofensiva militar integral contra las estructuras y finanzas del ELN y las disidencias de las FARC, exigiendo al ELN la liberación inmediata de cinco personas secuestradas —entre ellas dos funcionarios del CTI— e instruyendo al Inpec para trasladar a cabecillas y extorsionistas recluidos en el departamento hacia penales de máxima seguridad fuera de Arauca.
A pesar de los duros señalamientos contra la gestión local, el Gobierno nacional ratificó una serie de compromisos económicos e inversiones sociales para la población araucana. Entre ellos figuran 15.050 millones de pesos en regalías para la dotación biomédica de la nueva torre del Hospital San Vicente y un plan de choque a 60 días para atender a más de 27.000 pacientes con citas represadas.
En saneamiento y vivienda, la Nación financiará al 100 % el acueducto de Arauquita por 13.102 millones de pesos y reactivará convenios por 88.920 millones para 971 mejoramientos de vivienda, sumado a un plan por fases de 80.000 millones para el río Arauca, la construcción de la sede de la UIS en Saravena y créditos subsidiados por 15 mil millones para el sector platanero. El jefe de Estado anunció que retornará al territorio en un mes para evaluar el cumplimiento de estos compromisos.
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