País - Mayo 29 de 2026 - 05:26 PM

Al menos 48 muertos por enfrentamientos entre las disidencias de Calarcá y las de Mordisco

El recrudecimiento del conflicto armado en Guaviare como en las viejas épocas cobró la vida de 48 personas en Caño Cumare. Inteligencia militar evalúa si alias "Domingo Biojó", cabecilla de las disidencias, se encuentra entre las víctimas de esta confrontación que revivió la masacre de 26 personas ocurrida en enero en El Retorno.

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Un violento enfrentamiento que se extendió durante cuatro días dejó al descubierto la magnitud de la guerra interna que libran las facciones disidentes de las Farc en el sur del país. Los combates entre las estructuras alineadas con alias "Calarcá" y las fuerzas leales a "Iván Mordisco" se concentraron en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en la zona rural de San José del Guaviare, un territorio selvático que hoy se convirtió en el escenario de una de las peores masacres registradas recientemente en la región.

Solo tras una misión en la que participaron agencias internacionales, entidades nacionales y los propios habitantes de la zona con el fin de recuperar la tranquilidad del territorio, las autoridades pudieron ingresar para evaluar la dimensión de la tragedia. La Defensoría del Pueblo confirmó que se lograron recuperar y gestionar 48 cuerpos en la zona de las hostilidades. Aunque las labores de identificación forense apenas comienzan y no se han revelado los nombres de los fallecidos, el Ministerio de Defensa advirtió que entre las víctimas mortales hay varios menores de edad que habían sido reclutados de manera forzosa por estos grupos ilegales. Al respecto, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en señalar que el desprecio por la vida humana en estas organizaciones llega incluso a edades muy tempranas.

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La gravedad de la situación obligó a la Defensoría del Pueblo a emitir un fuerte pronunciamiento de alerta por los riesgos a los que se vio expuesta la población civil, que tuvo que asumir las tareas de búsqueda y resguardo de los cadáveres ante la ausencia inicial del Estado. "Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advertimos que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades", sentenció la entidad humanitaria.

Los reportes de Inteligencia Militar detallan que por el bando de "Calarcá" participaron miembros del frente Isaías Carvajal, que pertenece al bloque Jorge Suárez Briceño. En el bando contrario, bajo las órdenes de "Iván Mordisco", combatieron los frentes 1° Armando Ríos, 39 y el frente 44 Antonio Ricaurte. El choque armado se desarrolló de manera peligrosa en las proximidades de una escuela rural del sector, y los análisis de inteligencia sugieren que entre los muertos se encontraría un cabecilla muy cercano a "Mordisco", conocido con el alias de "Domingo Biojó" o "Negro Primo", de quien aún se busca establecer su identidad real.

Para la Defensoría, este nuevo panorama es la prueba del recrudecimiento del conflicto armado por el control de las rutas del narcotráfico y las economías ilícitas en el departamento, una crisis humanitaria que el organismo venía advirtiendo desde el año 2025. Este escenario revive el horror vivido en enero de este mismo año en el municipio vecino de El Retorno, donde se hallaron 26 cadáveres abandonados en las vías cercanas al caserío La Paz por la misma disputa territorial. La entidad concluyó alertando que las consecuencias de estos enfrentamientos recaen sobre los campesinos e indígenas de la región, quienes hoy sufren amenazas, restricciones a la movilidad, controles en sus comunicaciones e imposición de estrictas normas de comportamiento por parte de los grupos armados.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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