País - Octubre 23 de 2026 - 04:05 PM

Asesinó a su pareja con un destornillador tras un ataque de celos

Tras ser amenazada por celos, la auxiliar veterinaria María Cristina Ramírez Quintero fue asesinada en Robledo Miramar. Jhon Jairo Arango ingresó con un destornillador, la atacó y luego se entregó. Un juez lo envió a prisión.

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La violencia contra la mujer cobró una nueva víctima mortal en la capital antioqueña. En el interior de una vivienda del barrio Robledo Miramar, en la comuna 7, al noroccidente de Medellín, fue hallada sin vida María Cristina Ramírez Quintero, una auxiliar de veterinaria de 50 años de edad. El crimen, perpetrado en la intersección de la calle 95 con la carrera 77, ocurrió tras una violenta discusión motivada por celos, la cual terminó con el ataque fatal ejecutado con un destornillador.

De acuerdo con los reportes judiciales y las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, los hechos se desencadenaron el pasado viernes. María Cristina, quien sostenía una relación sentimental desde hacía varios años con Jhon Jairo Arango Vargas, de 46 años y conocido en el entorno familiar con el alias de “Juan”, venía atravesando un periodo de marcados conflictos de pareja. Múltiples indagaciones preliminares revelaron que el hombre la había amenazado de muerte de manera reiterada en días previos a raíz de comportamientos posesivos.

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La reconstrucción de la escena del crimen indica que, en la mañana del viernes, luego de que María Cristina despidiera a su sobrino de 14 años para que asistiera al colegio, Arango Vargas subió al segundo piso donde se ubicaba la residencia de la víctima. Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el momento preciso en que el presunto agresor ingresó al inmueble sosteniendo un destornillador en sus manos. En el interior de la habitación, el hombre atacó a la mujer propinándole siete heridas punzocortantes entre el pecho y el rostro, dejándola sin vida sobre la cama.

La alerta sobre su desaparición se activó tras varias horas sin que sus allegados lograran establecer contacto telefónico con ella. Preocupado por la falta de respuesta, el sobrino de 14 años regresó a la propiedad y, al notar que la puerta principal permanecía bloqueada por dentro, utilizó un martillo para forzar la cerradura. Al ingresar al inmueble, el menor descubrió la habitación ensangrentada y el cuerpo sin vida de su tía, encontrando a pocos metros del cadáver el destornillador utilizado en la agresión junto con un teléfono móvil.

Frente a la contundencia de las pruebas recopiladas en el lugar de los hechos y el señalamiento directo de los familiares, Jhon Jairo Arango Vargas se presentó ante una estación de la Policía Metropolitana de Medellín para ponerse a disposición de las autoridades judiciales, haciendo entrega de dos dispositivos celulares. Pese a que durante las audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo de feminicidio agravado imputado por la Fiscalía, el juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en centro carcelario. En la verificación de antecedentes penal de Arango Vargas, los peritos judiciales identificaron registros previos por amenazas (2009), inasistencia alimentaria (2016), constreñimiento ilegal y lesiones culposas (2018), tráfico de estupefacientes (2019) y un expediente reciente por violencia intrafamiliar datado el 28 de agosto de 2026.

Con la muerte de María Cristina Ramírez Quintero, las cifras reportadas por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc) de Medellín ascienden a 21 mujeres asesinadas en lo corrido del año en la ciudad, de los cuales 14 casos han sido tipificados inicialmente como feminicidios.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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