País - Octubre 23 de 2026 - 02:34 PM

Senadores piden a la Fiscalía investigar al influencer Levy Rincón por publicaciones sobre la primera dama

Más de 20 senadores, representados por 'Jota Pe' Hernández, radicaron un oficio ante la fiscal general Luz Adriana Camargo para pedir la investigación penal de Levy Rincón por presunta injuria y calumnia contra Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella. Rincón rechazó la acción asegurando que se trata de un intento de censura a su libertad de expresión.

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Un duro enfrentamiento institucional y político se trasladó esta semana de las plataformas digitales a los estrados judiciales del país. La confrontación escaló luego de que un grupo compuesto por más de 20 senadores de la República acudiera de manera presencial e institucional ante el despacho de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para radicar una petición formal que exige investigar penalmente las reiteradas publicaciones del influenciador y creador de contenido Levy Rincón, dirigidas de forma directa contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

La iniciativa parlamentaria, liderada y expuesta públicamente por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como 'Jota Pe' Hernández, fue suscrita de manera deliberada únicamente por congresistas hombres. Según explicó el legislador, la decisión de firmar de forma exclusiva entre hombres buscó emitir un mensaje de rechazo institucional frente a las agresiones digitales contra las mujeres en Colombia.

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En el documento entregado a la Fiscalía, los parlamentarios detallaron que las intervenciones públicas de Rincón han sobrepasado los límites de la libertad de opinión, incurriendo presuntamente en los delitos de injuria y calumnia al atribuirle a la primera dama supuestas irregularidades en el manejo de los fondos y donaciones recaudados tras el devastador terremoto del 10 de agosto de 2026, así como al vincular al jefe de Estado con actividades al margen de la ley.

«Aquí la está calumniando, la está injuriando, la está insultando. Le estamos solicitando a través de este oficio a la fiscal general que haga respetar a las mujeres y que esto sea un mensaje contundente. La violencia contra la mujer tiene sus consecuencias; nosotros hicimos la ley y llegó la hora de cumplirla», aseveró Pulido Hernández al término de la radicación, solicitando al ente acusador que evalúe si los mensajes difundidos en redes sociales ameritan la apertura formal de una causa penal.

Por su parte, el creador de contenido Levy Rincón reaccionó con vehemencia a través de sus canales oficiales frente a la acción emprendida por la bancada del Senado. En sus pronunciamientos, Rincón desestimó la denuncia presentada por el grupo de legisladores, calificando la movilización parlamentaria como una maniobra de intimidación política orientada a censurar la crítica ciudadana y el control social sobre la administración pública.

El influenciador defendió el tono de sus publicaciones argumentando que sus comentarios se enmarcan dentro del ejercicio de la libertad de expresión sobre figuras de alto perfil público e interés nacional, ratificando que no se retractará de sus señalamientos sobre la gestión de los recursos de la emergencia ni sobre sus posturas frente al Gobierno.

La Fiscalía General de la Nación deberá entrar a ponderar el contenido de la petición presentada por los congresistas y determinar si los elementos de prueba aportados configuran una conducta punible bajo la legislación penal colombiana o si se enmarcan dentro del amparo constitucional a la opinión, en un caso que reaviva el debate sobre los límites del discurso en redes sociales frente a la protección de los derechos de los servidores públicos y sus familias.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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