La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de la madre de la bebé Mía Cataleya, de seis meses de edad, quien falleció el pasado 27 de mayo en una clínica de Ibagué tras sufrir graves agresiones sexuales. La mujer fue detenida por el CTI en El Espinal bajo la acusación de haber incumplido sus deberes legales de custodia y protección, por lo que enfrentará cargos por homicidio agravado por omisión con dolo eventual
La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de la madre de Mía Cataleya, la bebé de seis meses de nacida que falleció el pasado 27 de mayo en un centro asistencial del departamento del Tolima tras ser víctima de graves agresiones físicas y sexuales. La detención de la mujer fue materializada por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en vía pública del municipio de El Espinal, en desarrollo de las indagaciones para esclarecer las responsabilidades del núcleo familiar en el entorno de protección de la menor de edad.
El ente acusador señaló que la madre es investigada formalmente por el presunto incumplimiento sistemático de sus deberes constitucionales y legales de cuidado, custodia y protección integral sobre su hija. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados en las primeras fases del proceso, dicha conducta omisiva habría facilitado las condiciones para que se perpetraran las agresiones que desencadenaron la muerte de la lactante. En las próximas horas, la indiciada será trasladada ante un juez de control de garantías de la región, donde una fiscalía seccional le imputará formalmente el cargo de homicidio agravado por omisión con dolo eventual.
La muerte de Mía Cataleya se produjo en las instalaciones del Hospital San Rafael de Ibagué, lugar al que había sido remitida de urgencia debido a la complejidad de las lesiones que presentaba en su cuerpo. El dictamen de los especialistas médicos encendió las alarmas institucionales y desencadenó una enérgica reacción de repudio a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo se pronunció de manera oficial catalogando el deceso como una vulneración extrema a los derechos fundamentales de la infancia, instando a las autoridades judiciales a aplicar la mayor diligencia pericial para que el caso no quede en la impunidad.
Recompensa y rechazo institucional por la muerte de la menor
Las alarmas sobre la gravedad del caso fueron activadas inicialmente por el alcalde del municipio de El Espinal, Wilson Gutiérrez, quien condenó públicamente las circunstancias del crimen y calificó al autor material del abuso como un "monstruo". Con el propósito de coadyuvar a las tareas de inteligencia que adelanta la policía judicial, el mandatario local ratificó el ofrecimiento de una recompensa económica de hasta 10 millones de pesos a los ciudadanos que suministren datos verídicos que permitan individualizar, ubicar y capturar al responsable directo de los vejámenes contra la menor.
La Defensoría del Pueblo complementó los pronunciamientos institucionales reiterando que la violencia sexual contra la niñez constituye una forma de tortura equiparable a los peores crímenes de lesa humanidad. Las comisiones del Ministerio Público anunciaron que realizarán un seguimiento estricto al desarrollo de las audiencias concentradas contra la madre capturada y vigilarán el despliegue de los operativos orientados a recolectar testimonios en el vecindario donde residía la bebé, con el objetivo de identificar la identidad de otros posibles partícipes en el hecho que mantiene consternada a la opinión pública colombiana.
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