Caso UNGRD: Ordenan detención domiciliaria contra senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta
La senadora Martha Peralta Epiayú permanece en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia en el marco del caso UNGRD. La Sala de Instrucción investiga a la congresista del Pacto Histórico por tráfico de influencias y cohecho impropio tras revelarse chats y un paquete de proyectos por $558.026 millones.
El proceso penal por el manejo de recursos públicos e interferencia legislativa a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sumó una determinación preventiva contra la bancada del Gobierno en el Congreso. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de la senadora Martha Peralta Epiayú, militante del Pacto Histórico, con el fin de asegurar su comparecencia formal en las diligencias de indagatoria. La medida fue ratificada por la magistrada ponente, Cristina Lombana, quien inicialmente debió disponer la conducción de la parlamentaria por medio de la Policía Nacional luego de que esta presentara dos solicitudes consecutivas de aplazamiento para evadir las citaciones del tribunal.
Las líneas de investigación coordinadas por la Fiscalía General de la Nación y la corporación judicial señalan a la congresista de actuar como una de las presuntas articuladoras políticas de una estrategia interna orientada a modificar y asegurar el voto de varios de sus homólogos en el Congreso. El expediente fundamenta que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría ordenado al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, respaldar la gestión de la senadora mediante la asignación de recursos y proyectos regionales. El propósito de este andamiaje contractual consistía en ampliar de forma ilegal las mayorías en la Comisión Séptima del Senado para agilizar la aprobación de la reforma pensional y otras iniciativas del Ejecutivo.
En el marco de la división de tareas bajo examen, los peritos identificaron reuniones clave y pactos específicos. Uno de los eventos documentados ocurrió el 13 de junio de 2023 durante un debate legislativo, espacio donde la congresista y Olmedo López habrían acordado el direccionamiento de proyectos para mitigar el inconformismo de parlamentarios de la coalición que reclamaban participación burocrática. Dentro de los compromisos adquiridos se menciona la presunta intermediación para favorecer a la senadora Berenice Bedoya y el trámite ilícito de un contrato de maquinaria amarilla y volquetas en Riohacha tasado en aproximadamente $2.170 millones colombianos, junto con obras de jagüeyes destinadas a apalancar candidaturas locales en el departamento de La Guajira.
Chats de WhatsApp y un paquete presupuestal de $558.000 millones bajo la lupa
El acervo probatorio que soporta la investigación formal por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio proviene de los documentos, archivos y bases de datos entregados por Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla en sus procesos de colaboración con la justicia desde julio de 2024. Entre las evidencias recolectadas constan informes de extracción técnica de comunicaciones y folios impresos de conversaciones de WhatsApp sostenidas entre la senadora y la dirección de la UNGRD entre el 13 y el 23 de junio de 2023. Los chats exponen el presunto cabildeo para la vinculación de 23 personas a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) en el municipio de Maicao, incluyendo el registro de la hoja de vida de la contratista Carmen Domitila Iguarán Suárez, remitida el 16 de agosto de 2023. Frente a este punto, Iguarán Suárez manifestó públicamente que carecía de poder decisorio en la entidad y que su rol se limitó al de una funcionaria asistencial de nivel medio.
El elemento de mayor peso financiero en el radicado de la Corte Suprema es un documento técnico titulado “Inversiones en La Guajira”, el cual habría sido enviado de forma directa por Martha Peralta Epiayú a las oficinas de Gestión del Riesgo. El archivo recopilaba un paquete estructurado de 12 proyectos de infraestructura hídrica y vial cuyo costo global ascendía a los $558.026 millones de pesos, adjuntando un listado con los nombres y perfiles de los contactos técnicos delegados para el seguimiento de los radicados. Finalmente, las comisiones de policía judicial indagan los encuentros sostenidos por la procesada con delegados de la firma Inversiones IRL S.A.S., con el objetivo de establecer si estos contactos empresariales formaron parte del esquema de cupos indicativos utilizado para el presunto intercambio ilícito de favores políticos y prebendas contractuales en el Congreso.
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