Cepeda anuncia desobediencia civil si De la Espriella no renuncia a la ciudadanía estadounidense

El excandidato presidencial por la coalición del Pacto Histórico, Iván Cepeda, sacudió el panorama político del país al anunciar de manera categórica que se declarará en desobediencia civil si el mandatario electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella, no formaliza su renuncia inmediata a la ciudadanía estadounidense y si persiste en la posibilidad de extraditar al actual jefe de Estado, Gustavo Petro. La advertencia del líder de la oposición introduce una profunda tensión de cara al relevo en la Casa de Nariño, condicionando el reconocimiento de la nueva administración a una serie de exigencias de carácter diplomático, judicial y de seguridad internacional.

De acuerdo con los argumentos expuestos por el exsenador de la República, la doble nacionalidad del presidente electo representa un impedimento ético y legal de proporciones mayores para asumir la jefatura del Estado. Cepeda enfatizó que para adquirir dicho estatus en el país norteamericano, De la Espriella debió realizar un juramento explícito de nacionalización, un acto jurídico que, a su juicio, acarrea compromisos, lealtades y obligaciones legales que resultan abiertamente incompatibles con el ejercicio de la primera magistratura en el territorio nacional. En ese sentido, el dirigente de izquierda aseveró que, ante un eventual conflicto de intereses entre ambas naciones, el mandatario electo “tendría que tomar partido por esta última”, vulnerando el principio de autonomía de la República de Colombia.

La arremetida de la oposición también apuntó hacia las presuntas relaciones internacionales y de inteligencia del próximo gobernante. Sin aportar elementos probatorios definitivos, Cepeda vinculó públicamente a Abelardo de la Espriella con el extraditado jefe paramilitar Jorge Luis Hernández Villazón, conocido bajo el alias de Boliche, de quien aseguró se desempeñó como informante activo de agencias federales norteamericanas. Bajo esta premisa, el excandidato del Pacto Histórico instó a las autoridades de los Estados Unidos a clarificar de forma perentoria si el abogado y político colombiano ejerce o ha ejercido alguna función como agente, colaborador o enlace de dependencias como la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o cualquier otra entidad homóloga de seguridad exterior. Para el líder opositor, dicha supuesta subordinación anularía de forma tajante su idoneidad para erigirse como garante de la Constitución Política y protector de las fronteras jurídicas del país.

A este entramado de señalamientos se sumaron duras críticas hacia la geopolítica de la pasada contienda electoral. Cepeda trajo a colación las recientes afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, referentes a una supuesta interferencia directa y definitoria a favor de la candidatura de De la Espriella en los comicios desarrollados el pasado 21 de junio. Asimismo, la contraparte de la oposición exigió que las delegaciones judiciales de la nación norteamericana confirmen o desmientan de manera oficial las versiones que apuntan a que dos fiscales adscritos al distrito de Brooklyn, en Nueva York, adelantan líneas de investigación formal en contra del presidente en ejercicio, Gustavo Petro, escenario que ha encendido las alarmas sobre posibles solicitudes de extradición.

Ante la gravedad del escenario delineado, Iván Cepeda estructuró un pliego formal de requerimientos dirigidos al presidente electo, condicionando la gobernabilidad y la paz política al cumplimiento de los siguientes ejes fundamentales:

Que Abelardo de la Espriella renuncie de forma irrevocable a la ciudadanía de los Estados Unidos y esclarezca públicamente si mantiene nexos de colaboración o membresía con agencias de seguridad de ese país, detallando además cuál fue su participación exacta en el caso judicial del empresario Alex Saab.

- Que se garantice el respeto irrestricto a la seguridad nacional y a la soberanía de los tribunales del país.

- Que se ponga fin de manera inmediata a lo que denominó como una "persecución" sistemática en contra del presidente Gustavo Petro, desistiendo de forma expresa de cualquier tentativa orientada a viabilizar su extradición judicial.

- Que cese de manera definitiva la hostilidad política frente a los sectores de la oposición y se detenga el estímulo a su judicialización penal a través de los canales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El excandidato presidencial fue enfático al señalar que, de no acatarse este marco de peticiones, activará un mecanismo de resistencia civil fundamentado en el caudal electoral obtenido en las urnas, donde aglutinó el respaldo de más de 12 millones setecientos mil sufragios en la jornada del 21 de junio. Cepeda advirtió que no validará una flagrante transgresión a la soberanía patria y que desconocerá formalmente la investidura de quien no considere un guardián legítimo de la carta magna colombiana.

Finalmente, el portavoz del Pacto Histórico extendió una convocatoria abierta y pacífica a la totalidad de su electorado para respaldar este veto institucional, apelando al derecho y al deber moral de la ciudadanía de oponerse a las directrices de una autoridad cuando esta entre en contradicción directa con los valores éticos de la nación. "Como nos enseña la desobediencia civil, cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión. Eso es lo que haremos, que no quepa duda si De la Espriella toma el camino de violar nuestra dignidad nacional", concluyó el dirigente político.