País - Mayo 19 de 2026 - 05:28 PM

Confirman que a Yulixa Toloza la asesinaron durante procedimiento estético

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que Yulixa Toloza, de 52 años, fue asesinada tras someterse a una cirugía en la estética ilegal Beauty Laser. El cuerpo de la víctima fue hallado en Apulo, Cundinamarca, luego de que los investigadores determinaran que fue sacada de Bogotá esa misma noche.

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El caso de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años de edad que permanecía desaparecida desde el pasado miércoles 13 de mayo tras ingresar a una clínica estética clandestina en el sur de Bogotá, dio un giro definitivo luego de que las autoridades localizaran su cuerpo sin vida en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Tras el hallazgo, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció de manera oficial para confirmar que el hecho es investigado formalmente como un homicidio y no como una simple complicación de salud.

La declaración del mandatario distrital se conoció a través de un mensaje público en sus canales oficiales, pocas horas después de que unidades judiciales adscritas a la Policía de Cundinamarca realizaran el levantamiento del cadáver en una zona rural de la citada localidad provincial. En su intervención, Galán rechazó que la muerte de la ciudadana sea catalogada de manera exclusiva como un caso de negligencia o mala praxis por parte de los encargados del centro ilegal Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia de la localidad de Tunjuelito.

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"A esto tenemos que llamarlo por su nombre. A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato", enfatizó el alcalde capitalino, quien lamentó el desenlace de la búsqueda y calificó las maniobras de los sospechosos como un crimen directo. El funcionario reveló además que los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) manejaban indicios técnicos desde el día siguiente de la denuncia, los cuales señalaban que la paciente había sido evacuada de la capital del país la misma noche del miércoles en que se le practicó la lipólisis láser.

Con base en esos seguimientos, los bloques de búsqueda y el Gaula expandieron los operativos hacia municipios circunvecinos con el propósito inicial de ubicarla con vida. Tras confirmarse el hallazgo en Apulo, el alcalde se comunicó telefónicamente con Nubia Toloza, madre de la víctima, para expresarle el respaldo institucional de la administración, detallarle las acciones de rastreo ejecutadas por la fuerza pública y garantizarle el acompañamiento judicial en las etapas venideras del proceso.

El pronunciamiento del mandatario se suma a los elementos ya recopilados en el expediente de la Fiscalía, que incluyen videos de establecimientos comerciales donde se observa a dos hombres sacando a Yulixa Toloza en un estado crítico de salud a las 7:44 de la noche, así como el desmantelamiento del sistema de cámaras internas de la estética y la sustracción del dispositivo DVR para borrar las evidencias del procedimiento. Asimismo, se mantienen bajo análisis los mensajes de texto falsos enviados desde el teléfono de la víctima que pretendían simular que se transportaba por sus propios medios hacia el hospital de Meissen.

Frente al hallazgo del cadáver y las evidencias de ocultamiento por parte de los operarios de la estética clandestina —la cual ya fue clausurada de manera definitiva por la Secretaría de Salud del Distrito—, el alcalde Carlos Fernando Galán elevó una solicitud perentoria a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación para intensificar los actos de investigación criminal y agilizar la expedición de las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales del asesinato de la comerciante de 52 años.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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