La Universidad Nacional certificó que la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada no es egresada ni estuvo matriculada en Ingeniería de Minas y Metalurgia, revelación que llevó a su partido a activar una investigación ética y a congresistas como Jennifer Pedraza y Daniel Briceño a pedir su renuncia.
Un oficio oficial de la Universidad Nacional de Colombia desató una tormenta política alrededor de la representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, luego de que la institución certificara que no existe registro alguno que la acredite como egresada del programa de Ingeniería de Minas y Metalurgia, título con el que accedió a contratación estatal y que consignó en su trayectoria pública.
De acuerdo con la certificación emitida por la dependencia académica de la Universidad Nacional, tras revisar sus archivos físicos y digitales no se halló constancia de que Estrada se haya graduado de esa institución: “Se certifica que, después de revisados los archivos, tanto físicos como digitales de esta dependencia, no se encontró ningún registro que sea egresada de esta universidad”. En declaraciones recogidas por Semana, el rector del claustro, José Ismael Peña, fue aún más categórico al afirmar que la congresista nunca estuvo matriculada en la institución.
La revisión documental divulgada por Semana evidenció inconsistencias cronológicas en los soportes que Estrada presentó en 2025 para acceder a un contrato por 78 millones de pesos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). En esa hoja de vida radicó un diploma de ingeniera de minas y metalurgia con fecha del 16 de noviembre de 2021 y sábanas de notas de diez supuestos semestres, según las cuales habría cursado el primer semestre entre agosto y noviembre de 2016. Sin embargo, el diploma de bachiller de media técnica en comercio expedido por la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta, Antioquia, registra como fecha de grado el 25 de noviembre de 2017, un año después del supuesto inicio de sus estudios universitarios, circunstancia que el rector Peña señaló como inviable al recordar que nadie puede cursar un pregrado sin haber culminado el bachillerato.
Mientras la representante Estrada optó por guardar silencio público y restringir hasta la mañana de este jueves 19 de noviembre de 2026 las interacciones en su cuenta de X únicamente a sus seguidores, las reacciones en el Congreso y en su propia colectividad no tardaron en producirse. El Pacto Histórico difundió un comunicado de cuatro puntos en el que anunció la apertura de una investigación interna a través de su comisión de ética, aunque pidió respetar la presunción de inocencia: “Rechazo absoluto a cualquier acto de falsedad. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la ética pública, la transparencia y el respeto a la ley. No amparamos, ni justificamos, ninguna conducta que atente contra la fe pública o los principios de la función pública”.
Desde distintos sectores políticos surgieron llamados para que la congresista deje su curul mientras se esclarecen los hechos. La senadora Jennifer Pedraza señaló que, con base en el documento de la Universidad Nacional, Estrada habría falseado su título para obtener contratos públicos y le pidió apartarse del cargo: “Verónica debe renunciar a su curul y defenderse sin ese poder. Respeten a la universidad pública y al país que dicen proteger. Esto es inaceptable”.
A su turno, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño cuestionó tanto la validez de la tarjeta profesional como el vínculo administrativo previo en la Dian y la posterior conformación del equipo legislativo de Estrada: “Muy extraño que, bajo la dirección del señor Luis Eduardo Llinas Chica, en la Dian, se haya certificado el título, tarjeta profesional y experiencia de la representante Verónica Estrada, del Pacto Histórico, que hoy parecen ser falsos, y luego, ese mismo director de la Dian, sea nombrado en la UTL de la señora Estrada”. Así, la congresista enfrenta ahora tanto el escrutinio disciplinario de su movimiento como posibles actuaciones legales por las presuntas irregularidades en su documentación académica.
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