Contratar será más caro: el efecto del nuevo salario mínimo en Colombia

El salario mínimo para 2026 quedó fijado en 1.750.905 pesos, tras un aumento cercano al 23 %. A este valor se suma el subsidio de transporte, que será de 249.095 pesos, llevando el ingreso mensual mínimo de un trabajador a los 2 millones de pesos. En términos nominales, el ajuste representa 327.405 pesos más frente al salario vigente en 2025.

Sin embargo, el impacto del incremento no se limita al ingreso del trabajador. Para las empresas, el alza se traduce en un aumento sustancial del costo total por empleado, que supera los 2,8 millones de pesos mensuales una vez se incluyen aportes a seguridad social y prestaciones obligatorias.

Con el nuevo salario base, los aportes a salud a cargo del empleador, equivalentes al 8,5 %, ascenderán a 148.826 pesos mensuales, frente a los 120.997 pesos que se pagaban con el salario anterior. A esto se suma el aporte a pensión, que corresponde al 12 % del salario, y que llegará a 210.108 pesos mensuales.

El costo por riesgos laborales también se incrementa. En el caso de empresas clasificadas en nivel de riesgo 1, el aporte mensual será de 9.139 pesos. Solo por concepto de salud, pensión y ARL, el costo mensual por trabajador se aproxima a los 2,3 millones de pesos.

Las prestaciones sociales representan otro componente clave del aumento. La prima legal se eleva hasta los 1.083.300 pesos por semestre, mientras que las cesantías alcanzan los 2 millones de pesos anuales. A esto se suman los intereses de cesantías, estimados en 240.000 pesos al año, y el valor de las vacaciones, que se incrementa a cerca de 73.012 pesos mensuales.

Estos factores explican por qué el costo total de vincular formalmente a un trabajador con salario mínimo supera con holgura los 2,8 millones de pesos mensuales, una cifra que preocupa especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del tejido empresarial del país.

Durante la negociación previa al decreto, se plantearon escenarios alternativos. La propuesta de los gremios empresariales, que sugería un aumento del 7,21 %, habría llevado el costo por trabajador a cerca de 2,49 millones de pesos. En contraste, la propuesta de las centrales obreras, que pedían un aumento del 16 %, habría elevado el costo a unos 2,69 millones por empleado.

En el caso de los contratos de prestación de servicios, el impacto es distinto. Estos trabajadores no tienen derecho a prestaciones sociales como primas o cesantías, ya que dichas obligaciones solo aplican para quienes cuentan con un contrato laboral formal. Expertos en derecho laboral recuerdan que el incremento del salario mínimo no modifica esa condición contractual.

El aumento del 23 % entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026 y obligará a las empresas a realizar ajustes financieros significativos. Mientras el Gobierno defiende la medida como un avance en dignidad laboral, el sector empresarial enfrenta el reto de absorber mayores costos en un contexto de alta informalidad y presiones económicas.