País - Mayo 22 de 2026 - 05:07 PM

Denunció por violencia intrafamiliar a su expareja y el sujeto la asesinó en su trabajo

Luz Mery García Cáceres, de 22 años, fue víctima de feminicidio tras ser atacada a cuchillo por su expareja, alias 'El Mello', en un restaurante de Simití. El agresor se entregó a la Policía tras el crimen, el cual generó el rechazo de las autoridades locales por las denuncias previas del caso.

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El municipio de Simití, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, se encuentra bajo una profunda consternación tras el brutal feminicidio de Luz Mery García Cáceres, una joven de 22 años de edad y natural del municipio de Montecristo, quien fue asesinada con un arma blanca la tarde de este pasado miércoles 20 de mayo de 2026. El crimen se perpetró en el interior de un establecimiento comercial del barrio Las Cruces, sector perteneciente a la región del Magdalena Medio, donde la víctima desempeñaba sus labores diarias.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 4:00 de la tarde, en momentos en que la joven se encontraba adelantando labores de aseo dentro del restaurante donde trabajaba. De acuerdo con el testimonio de personas que presenciaron la escena, el presunto agresor, identificado con el alias de ‘El Mello’ y quien era la expareja sentimental de la víctima, ingresó al local comercial de forma decidida. Tras entablar una acalorada discusión verbal con la mujer delante de los clientes y empleados presentes, el sujeto extrajo un cuchillo y le propinó múltiples heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo. A pesar de los intentos desesperados de los testigos por auxiliarla y contener la hemorragia, las lesiones sufridas comprometieron órganos vitales, causándole la muerte de forma inmediata en el sitio de los hechos.

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Una vez cometido el ataque sicarial, el sospechoso abandonó el restaurante y caminó con total tranquilidad un trayecto de pocos metros hasta las instalaciones de la estación de Policía de Simití, donde se entregó de manera voluntaria ante las autoridades de guardia. Reportes preliminares de la Policía del Magdalena Medio señalan que el detonante del feminicidio estaría relacionado con la determinación que Luz Mery García Cáceres había tomado semanas atrás de poner fin a la relación sentimental que sostenía con el hoy procesado.

De manera extraoficial e interna dentro del expediente judicial se conoció que la joven de 22 años ya había interpuesto denuncias previas ante las autoridades competentes por recurrentes episodios de violencia intrafamiliar, razón por la cual contaba con medidas oficiales de protección vigentes. La gravedad de las amenazas la había obligado a desplazarse temporalmente fuera de Simití para salvaguardar su integridad física; sin embargo, debido a compromisos personales y laborales, había decidido regresar al municipio hace apenas unas semanas, donde finalmente fue localizada por su agresor.

La administración municipal, liderada por el alcalde Wilman Elí Quintana González, emitió un pronunciamiento público de rechazo absoluto ante este acto violento: “Desde la administración municipal rechazamos de manera contundente el feminicidio ocurrido en el municipio de Simití. Lamentamos profundamente este hecho y reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la vida y los derechos de las mujeres. Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier hecho de violencia y a no guardar silencio”, detalló el boletín institucional de la alcaldía.

A estas voces de indignación se sumó la gestora social de Simití, Claudia Meza Montoya, quien extendió su solidaridad a los familiares de la víctima y exigió respeto por el género femenino, mientras que el Concejo Municipal solicitó la máxima celeridad en las audiencias concentradas para evitar que el caso quede cobijado bajo la impunidad. El concejal José Fernando Mazo López manifestó de forma categórica: “Simití no puede convertirse en un territorio donde se atente contra la vida, la dignidad y la integridad de las mujeres ni de ningún ser humano. Hoy no solo pierde la vida una mujer; hoy parte una hija, una madre y un ser humano con sueños, historia y una familia que queda sumida en el dolor”. Como respuesta colectiva ante la tragedia, diversos líderes comunitarios y colectivos sociales iniciaron la convocatoria de marchas pacíficas y actos simbólicos en las calles principales del municipio para exigir garantías reales de seguridad para las mujeres de la región del sur de Bolívar.

Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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