En apenas dos meses, De la Espriella rompe el récord y reduce 5 mil contratistas al Gobierno

Una minuciosa investigación periodística desarrollada por el portal La Silla Vacía puso al descubierto los alcances, dinámicas y repercusiones legales del plan de ajuste burocrático implementado por el presidente Abelardo De La Espriella durante sus primeros dos meses de mandato.

A partir del cruce sistemático de las bases de datos del sistema de contratación pública Secop II y del registro de modificaciones de contratos, la investigación reveló que entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, la fuerza laboral vinculada mediante contratos de prestación de servicios (OPS) en la rama ejecutiva nacional se redujo de 102.338 a 97.765 personas, lo que equivale a la salida efectiva de 4.573 contratistas.

El reporte periodístico de La Silla Vacía sitúa el origen de este viraje en la declaración emitida por el jefe de Estado el 30 de agosto contra los denominados "contratistas eternos" y la posterior expedición de la Directiva Presidencial 04, orientada a revisar la justificación técnica de la vinculación de personal externo para mitigar el déficit fiscal.

Según las cifras consolidadas en el análisis, la no renovación y la rescisión anticipada de estos vínculos le han generado al erario un ahorro directo estimado en 54.000 millones de pesos, cifra equivalente al presupuesto anual de funcionamiento de la Defensa Civil Colombiana. Esta estrategia marca un precedente estadístico frente a los arranques de las administraciones de Iván Duque y Gustavo Petro, las cuales incrementaron la contratación de personal en un 2 % y 4 % respectivamente durante sus primeros 61 días de gestión.

De acuerdo con la caracterización trazada por La Silla Vacía, el mecanismo predominante en este recorte no ha sido el despido masivo, sino la no renovación de los compromisos pactados. De 11.839 contratos cuyo término venció en la ventana de observación, la actual administración únicamente renovó el 13 % (1.562 casos), a diferencia de la administración Petro, que renovó el 26 % en idéntico lapso.

La contracción se concentró de forma aguda en dependencias consideradas por los analistas como fortines políticos de la administración saliente: la Agencia Nacional de Tierras (ANT) encabeza la lista con la salida de 1.098 contratistas y la firma de tan solo 91 nuevos compromisos, seguida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (680), Invías (542), el Ministerio del Interior (498), la Superintendencia de Transporte (455), el Ministerio de Justicia (420) y la Agencia Nacional de Minería (408).

No obstante, el estudio de La Silla Vacía advierte sobre los riesgos jurídicos e institucionales que circundan la medida. Se registran 1.264 terminaciones anticipadas de contratos en firme. Aunque formalmente el 50 % consta bajo la modalidad de mutuo acuerdo, exfuncionarios y organizaciones gremiales —citados en la investigación— señalan la existencia de presiones institucionales, comunicaciones masivas de las secretarías generales solicitando renuncias y un incremento en las cargas de trabajo para forzar las salidas.

Voceros como el exministro del Trabajo Antonio Sanguino advierten que la existencia de correos oficiales sugiriendo la terminación voluntaria podría ser interpretada por los tribunales administrativos como una coerción o "masacre laboral", lo que expondría al Estado a futuras demandas de nivel indemnizatorio. Paralelamente, la investigación evidencia la pérdida de memoria institucional, toda vez que el 30 % de los contratistas desvinculados acumulaba cuatro o más años de vinculación continua, al tiempo que las salidas en la planta de personal de libre nombramiento y remoción se quadruplicaron en comparación con la transición de 2022, registrando 739 declaraciones de retiro y 13 insubsistencias aplicadas de manera directa.