País - Octubre 21 de 2026 - 12:01 PM

Revelan pruebas que comprometen a exasesor de Petro en plan contra la campaña de De La Espriella

Grabaciones y mensajes revelan que el exasesor del Dapre, Víctor de Currea-Lugo, contactó a Salvatore Mancuso antes de las presidenciales para inducirlo a declarar contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella. El funcionario buscaba un impacto mediático que favoreciera al aspirante del oficialismo, Iván Cepeda.

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Un conjunto de registros digitales en poder de la justicia y revelados por la prensa nacional puso al descubierto las maniobras desplegadas desde las dependencias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para torcer la tendencia de voto durante la recta final de la contienda presidencial de 2026. La trama involucra de forma directa al politólogo y entonces consultor gubernamental Víctor de Currea-Lugo, quien utilizó canales privados de mensajería instantánea para presionar al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez con el objetivo de obtener declaraciones incriminatorias contra el aspirante presidencial opositor, Abelardo De La Espriella, hoy jefe de Estado colombiano.

Las aproximaciones entre el delegado del Ejecutivo y el exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a gestarse de cara a la primera vuelta electoral, exactamente el 23 de mayo. En esa fecha, a ocho días del primer examen en las urnas, De Currea-Lugo transmitió un texto inicial a Mancuso proponiéndole una entrevista orientada a su portal de noticias en internet, justificando la acción bajo la necesidad de influir en el panorama político frente al avance de la candidatura de De La Espriella. Acto seguido, la asesoría presidencial remitió un libreto inductivo compuesto por diez interrogantes direccionadas, en las cuales se daba por sentado un supuesto nexo estructural, político, financiero y logístico entre el entonces abogado y las huestes paramilitares durante su periodo de expansión territorial, instándolo a fijar posturas bajo juramento ante los tribunales.

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La urgencia del entorno oficialista se agudizó tras el resultado de la primera vuelta, cuando la candidatura impulsada desde el sector gubernamental, representada por el senador Iván Cepeda, quedó rezagada en la intención de voto frente a De La Espriella de cara al balotaje del 21 de junio. Ante el escenario adverso, el 13 de junio el asesor presidencial envió un mensaje de voz a través de la aplicación WhatsApp, en el que apelaba a la desconfianza del exjefe paramilitar hacia las corrientes de derecha, recordando la extradición masiva ordenada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y advirtiendo que un eventual mandato de De La Espriella representaría una acción punitiva en contra de los actores del proceso de paz.

En la grabación, el exfuncionario de la Presidencia planteó abiertamente que la única alternativa para revertir los pronósticos desfavorables radicaba en la producción de un "golpe de opinión" de alto impacto mediático, citando como precedentes históricos el giro publicitario de Juan Manuel Santos o los desaciertos de la campaña de Rodolfo Hernández en 2022. De Currea-Lugo sugirió expresamente a Mancuso que su testimonio ostentaba un peso político singular, dado que sus palabras no eran leídas en el país como las de un militante de izquierda, e insistió en formalizar la entrevista como una medida desesperada para evitar la derrota electoral de la causa oficialista, manifestando incluso su intención de buscar el exilio en caso de consumarse la victoria de la oposición.

La revelación de estos audios y conversaciones, que fueron ratificados de manera directa por Salvatore Mancuso tras ser abordado por los investigadores, constituye una pieza de seguimiento dentro del contexto de las maniobras políticas iniciadas tras el denominado pacto de Valledupar en octubre de 2025. En aquel antecedente, sectores afines al Ejecutivo pretendieron articular testimonios conjurados de once exmandos de las AUC para vincular formalmente en expedientes judiciales a figuras del mapa político nacional como Abelardo De La Espriella, el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, configurando un escándalo sobre la instrumentalización de la justicia para fines de confrontación electoral.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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