País - Octubre 29 de 2026 - 05:33 PM

Envían a la cárcel a la jueza que le dio la libertad a neerlandés procesado por narcotráfico

La jueza Miryam Alcira Martínez López fue enviada a la cárcel tras ser imputada por cohecho, falsedad y prevaricato. La Fiscalía señaló que la funcionaria aceptó la promesa de $1.200 millones para otorgar la libertad irregular a Jozef Van der Voort, un neerlandés procesado por narcotráfico.

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional de Anticorrupción liderada en audiencia por la fiscal especial Margarita Rosa López, formalizó la imputación de cargos y logró la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra la jueza Miryam Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

La investigación penal contra la servidora judicial se concentra en las presuntas irregularidades cometidas al otorgar una acción de hábeas corpus que permitió la salida de prisión del ciudadano neerlandés Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, conocido en el mundo delictivo con los alias de "Marcus" o "Baco", requerido por redes internacionales de narcotráfico.

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De acuerdo con el expediente judicial recabado por el ente acusador, Van der Voort residía en la ciudad de Medellín desde 2016 y fungía en los registros mercantiles como un empresario del sector automotriz tras constituir en 2019 el parqueadero Rotterdam en Envigado, Antioquia, negocio donde se comercializaban vehículos de alta gama para el presunto lavado de activos.

Las autoridades de Países Bajos vinculan al extranjero con la coordinación de envíos de cargamentos de clorhidrato de cocaína en contenedores de fruta desde Ecuador con destino a puertos de Europa, además de indagaciones por extorsión digital mediante la plataforma Kinky.nl y la planificación de secuestros. Tras su captura en Colombia en febrero de 2026 y su posterior reclusión en la cárcel La Picota de Bogotá, su defensa intentó obtener la libertad mediante dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas de manera definitiva por el Juzgado 47 Penal del Circuito y el Juzgado 58 Civil del Circuito.

Ante la negativa de los despachos, la Fiscalía demostró que el investigado contactó a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, quien habría articulado una maniobra junto con Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales, para alterar el turno de reparto de fin de semana y direccionar el expediente. La investigación documentó que el jueves 4 de junio de 2026 se llevó a cabo una reunión en el edificio Paloquemao entre la jurista y la jueza Martínez López, en la cual habrían pactado una promesa remuneratoria de 1.200 millones de pesos a cambio de la boleta de libertad.

En esa misma cita, según la Fiscalía, las procesadas realizaron una videollamada hacia el centro penitenciario para confirmarle a Van der Voort que el trámite para su excarcelación marchaba según lo pactado, concretando finalmente la orden de libertad inmediata el 13 de junio.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a la jueza los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción, cargos que la funcionaria no aceptó durante la audiencia celebrada de manera virtual. El expediente recordó que Martínez López ya había sido objeto de investigaciones disciplinarias por haber otorgado la libertad en marzo de 2018 al exdirigente camionero Pedro Aguilar en el caso de la chatarrización, proceso del que fue absuelta en la jurisdicción administrativa.

Ante la contundencia de las evidencias sobre la maniobra coordinada para favorecer al presunto capo neerlandés, el juez de control de garantías decretó la reclusión carcelaria para la administradora de justicia mientras avanza el juicio penal.



Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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