El ministro de Defensa, Jorge Mora, denunció este 18 de noviembre de 2026 en el Congreso que el gobierno anterior congeló la compra de inhibidores de drones; el exministro Pedro Sánchez respondió que no se firmó porque ningún equipo probado en siete países cumplió los requisitos técnicos para proteger a la tropa.
La creciente amenaza de los ataques con drones cargados de explosivos ejecutados por las disidencias de las Farc y el ELN contra estaciones de Policía, tropas y poblaciones en departamentos como Cauca, Huila, Chocó y Tolima desató este miércoles 18 de noviembre de 2026 un fuerte pulso político y técnico entre el actual ministro de Defensa, Jorge Mora, y su antecesor durante el gobierno de Gustavo Petro, Pedro Sánchez.
El detonante de la controversia ocurrió durante una sesión en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde el ministro Jorge Mora denunció ante los congresistas que la administración anterior congeló la compra de inhibidores de drones, herramienta considerada hoy prioritaria para proteger la integridad de los uniformados en las zonas de conflicto. Con tono severo, el jefe de la cartera cuestionó las demoras administrativas registradas en el proceso: “Ahí lo que hubo fue un turismo burocrático que se puede observar en las gráficas. Uno dice: ¿hasta dónde se puede llegar y jugar con la vida de nuestros soldados y policías de la patria de esa manera?”.
Tras los señalamientos en el Capitolio, el exministro Pedro Sánchez reconoció públicamente que durante su paso por el Ministerio de Defensa no se firmó el contrato para adquirir el sistema de inhibidores de drones, pero rechazó de plano que hubiera existido un bloqueo o negligencia frente a una amenaza que golpea a la Fuerza Pública desde hace aproximadamente dos años.
“Es falso que el gobierno pasado bloqueara la compra de antidrones”, aclaró Sánchez, explicando que el proceso de adquisición venía de años atrás y nunca se detuvo, sino que fue reorganizado mediante la Circular del 31 de marzo de 2026 —disposición que, según precisó, el actual Gobierno mantuvo vigente hasta el 28 de agosto— con el propósito de centralizar la contratación, evitar compras aisladas y lograr mejores precios mediante economías de escala para estructurar un sistema de defensa integral.
Según el relato detallado del exfuncionario, la razón de fondo para no suscribir ningún contrato antes del cambio de mando del 7 de agosto radicó en criterios estrictamente técnicos y operacionales: “Ninguna de las soluciones evaluadas cumplió los requisitos técnicos establecidos por los comités estructuradores, liderados por un brigadier general del Ejército e integrados por militares y policías activos que las probaron en siete países y en Colombia”. Por esa misma razón, añadió, aún no se habían asignado los 800.000 millones de pesos correspondientes a la primera fase del proyecto, tarea que quedó en manos de la nueva administración.
Para Sánchez, firmar un contrato sin el lleno de los estándares exigidos habría puesto en mayor peligro a los uniformados: “No firmar un contrato por equipos que no responden a las necesidades operacionales de la tropa no es bloquear una compra. Adquirir equipos que no cumplen esos requerimientos es poner en riesgo a nuestros hombres y mujeres”.
El exministro sostuvo además que mientras avanzaba la estructuración del denominado Escudo Nacional Antidrones —una estrategia valorada en más de 6,2 billones de pesos—, al país llegaron otros equipos adquiridos previamente, la Fuerza Pública fortaleció capacidades propias y ajustó tácticas, técnicas y procedimientos con los que, aseguró, se logró inhibir la gran mayoría de intentos de ataque durante el primer semestre de 2026. Asimismo, afirmó que aunque el Gobierno entrante suspendió el proceso de empalme, toda la hoja de ruta quedó consignada por escrito en el informe de empalme, el informe de gestión y el acta de entrega, dejando definida la gestión de recursos para ejecutar la primera fase a más tardar el 31 de diciembre de 2026.
Finalmente, Pedro Sánchez recordó que radicó por segunda vez ante el Congreso el proyecto de ley de drones y antidrones sin que hasta ahora se conozcan avances públicos en su trámite legislativo, y concluyó pidiendo dejar la seguridad por encima de las disputas políticas: “La amenaza de los drones no admite improvisaciones ni imprecisiones. Exige planeación rigurosa, información precisa y continuidad en los procesos. La protección de nuestros soldados, policías y ciudadanos debe estar siempre por encima de cualquier diferencia o controversia”.
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