País - Enero 22 de 2026 - 09:55 AM

Estalla escándalo: acusan al exgobernador de Magdalena de favores sexuales por ascensos

Cuatro mujeres denunciaron ante La FM presuntos casos de acoso y abuso sexual ligados a Carlos Caicedo. Los relatos describen presiones con cargos y ascensos. La Fiscalía ya evalúa una denuncia penal contra el precandidato presidencial.

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Cuatro mujeres denunciaron ante el medio La FM presuntas conductas de acoso y abuso sexual atribuidas al exgobernador del Magdalena y actual precandidato presidencial, Carlos Caicedo, señalando que los hechos habrían ocurrido mientras él ejercía poder político dentro del movimiento Fuerza Ciudadana. Los relatos, conocidos esta semana en Colombia, describen cómo, según las denunciantes, se usaban cargos, ascensos y estabilidad laboral como mecanismo de presión en escenarios institucionales y eventos oficiales, tanto en Santa Marta como en otras ciudades, lo que ahora motivó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente lo ocurrido.

Las revelaciones hechas por varias excolaboradoras encendieron una nueva controversia alrededor de Carlos Caicedo, figura visible de la política del Caribe colombiano y hoy aspirante a la Presidencia. Los testimonios difundidos por La FM describen un ambiente laboral marcado, presuntamente, por el aprovechamiento de la jerarquía política para imponer exigencias de carácter sexual a mujeres que buscaban crecer dentro del movimiento Fuerza Ciudadana.

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Una de las mujeres relató que durante actividades oficiales Caicedo habría insinuado encuentros privados en habitaciones de hotel a cambio de mejorar su posición laboral. Según su versión, negarse a esas peticiones significaba quedar relegada profesionalmente. “El ascenso dependía de acceder a lo que él pedía”, expresó la denunciante, quien aseguró que tras rechazarlo fue apartada de oportunidades dentro de la organización.


El medio también divulgó conversaciones atribuidas al exgobernador en las que, presuntamente, realizaba comentarios de connotación sexual mientras ejercía el cargo. En uno de los mensajes se leería: “conmigo se escala rápido si me complace”, lo que para las denunciantes refuerza la existencia de un patrón de presión ligado al poder institucional.


Tras hacerse públicos los relatos, el abogado Julián Quintana presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se evalúe si los hechos constituyen delitos de acoso o abuso sexual. El jurista sostuvo que no se trataría de episodios aislados, sino de una conducta reiterada en contextos laborales y políticos donde la autoridad se habría usado como mecanismo de sometimiento.


Las acusaciones no se limitan únicamente a Caicedo. Varias mujeres también señalaron a integrantes de su entorno. Una exfuncionaria de la Gobernación del Magdalena afirmó que un asesor cercano al movimiento la tocó sin su consentimiento. Según explicó, decidió hablar porque esa persona aún ocupa un cargo político relevante dentro de Fuerza Ciudadana.


Otro de los testimonios corresponde a María Alejandra Rojas, quien denunció a Fabián Bolaños, hombre próximo a Caicedo, por un presunto abuso durante un desplazamiento político a Bogotá. La mujer sostuvo que habría sido drogada con fenotiazina para dejarla inconsciente y que, pese a informar lo ocurrido al movimiento y al propio Caicedo, no se adoptaron medidas internas, por lo que terminó acudiendo a la justicia ordinaria.


El escándalo surge en un momento clave para Caicedo, quien ha tenido una trayectoria destacada en el Magdalena. Fue rector de la Universidad del Magdalena, alcalde de Santa Marta y luego gobernador del departamento entre 2020 y 2023, cargo al que renunció antes de culminar su periodo. En la actualidad impulsa su proyecto presidencial con miras a las elecciones de 2026, tras haberse distanciado del Gobierno nacional.


Mientras avanzan las verificaciones de la Fiscalía, el caso abre un nuevo debate sobre el manejo de denuncias de género dentro de estructuras políticas y sobre el uso del poder institucional en escenarios laborales, justo cuando uno de sus protagonistas busca proyectarse como opción presidencial.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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