Familia Cely desmiente a Petro: no han sido reparados y De la Espriella trabajó 'probono'

Una profunda controversia jurídica y mediática de dimensiones presidenciales se desató tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la posterior difusión de contenidos desinformantes en redes sociales en torno al caso de Rosa Elvira Cely, la mujer que fue víctima de feminicidio, tortura y violencia sexual en mayo de 2012 en el Parque Nacional de Bogotá. El jefe de Estado cuestionó públicamente al abogado y candidato presidencial Abelardo De la Espriella, afirmando que era "ruin" que la indemnización de la familia quedara en sus manos, basándose en publicaciones que aseguraban que el jurista se había apropiado del 90% de la reparación económica estatal. Sin embargo, una rigurosa investigación de contrastación de fuentes confirmó que dichas afirmaciones son engañosas y tergiversan la realidad del expediente.

El origen de la desinformación se remonta a una emisión del noticiero Noticias Uno del pasado 25 de mayo, en la cual se presentó un informe titulado “Hija y hermana de Rosa Elvira Cely desmienten a Abelardo de la Espriella”. En dicha pieza periodística, el medio interpretó de forma literal una historia de la red social Instagram publicada por Juliana Cely, hija de la víctima. En el texto, la joven señalaba en tiempo gramatical infinitivo lo que "hubiese podido pasar" con un acuerdo de honorarios que finalmente nunca se consolidó, advirtiendo que el jurista se habría tomado el 90% del dinero dejándolas solo con el 10% de la reparación total del Estado. Esta publicación fue tomada como un hecho cumplido por el informativo, lo que desencadenó la posterior reacción del presidente Gustavo Petro y una ola de desinformación digital.

Adriana Cely, hermana de Rosa Elvira Cely, desmintió categóricamente las versiones de la apropiación de fondos y aclaró que existió una seria malinterpretación por parte del medio de comunicación. La familiar confirmó que la relación con la firma De la Espriella Lawyers finalizó de forma definitiva en diciembre de 2012, una vez concluido con éxito el proceso penal que logró la condena del feminicida Javier Velasco Valenzuela. Tanto la familia de la víctima como la oficina de abogados ratificaron que dicha representación penal se desarrolló bajo la estricta modalidad pro bono, es decir, mediante una prestación voluntaria y completamente gratuita de los servicios jurídicos.

La ruptura definitiva entre la familia Cely y Abelardo De la Espriella se produjo debido a diferencias insalvables antes de iniciar las acciones administrativas contra el Estado. Adriana Cely reveló que se negó a firmar un contrato de prestación de servicios para demandar a las instituciones públicas porque el documento contenía cláusulas que la incomodaron profundamente: una que le impedía exhibir las condiciones a los medios de comunicación y otra que exigía que los dineros de la reparación destinados a su sobrina Juliana ingresaran directamente a una cuenta bancaria del abogado. Tras negarse a suscribir el poder por recomendación de asesores externos, el jurista la llamó molesto, la trató de forma displicente y le dejó el expediente de su hermana en la recepción de su edificio, culminando allí todo vínculo contractual.

Por tal motivo, el proceso de reparación directa fue asumido por otros profesionales del derecho. El litigio administrativo culminó en primera instancia en el año 2023, cuando un juzgado de Bogotá condenó al Estado colombiano por falla en el servicio de varias entidades, determinando que la responsabilidad civil extracontractual recaía en un 80% en la Fiscalía General de la Nación, un 15% en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente (Hospital Santa Clara) y un 5% en la Secretaría de Salud Distrital. A la fecha, la indemnización integral decretada por la judicatura no se ha completado en su totalidad, registrándose únicamente un desembolso parcial por parte del Distrito hace dos años en el marco de un acto público de excusas, mientras que las demás entidades no han implementado las medidas económicas ni las garantías de no repetición.

Finalmente, la salida a la luz pública de la familia Cely también obedeció a la necesidad de desmentir recientes declaraciones del candidato Abelardo De la Espriella, quien en medio de cuestionamientos por episodios machistas en sus redes sociales, se atribuyó el logro político de haber promovido y gestado la Ley de Feminicidio en Colombia (Ley 1761 de 2015). Tanto Adriana Cely como las verdaderas autoras y redactoras del proyecto normativo —entre ellas la activista Isabel Agatón, la abogada Nidia Olaya y la entonces senadora ponente Gloria Inés Ramírez— coincidieron en señalar que el abogado penalista no tuvo ninguna participación, gestión, reunión de comisión ni aporte técnico en la construcción de la ley que lleva el nombre de Rosa Elvira Cely, puesto que para el año de su promulgación la familia ya había cortado toda comunicación con él.