Fiscalía archivó investigación contra Álvaro Uribe por soborno en proceso denunciado por Iván Cepeda

Bajo la aplicación del artículo 79 de la Ley 906 de 2004, un despacho de la Fiscalía General de la Nación determinó que no cuenta con elementos materiales que acrediten la ocurrencia de los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal atribuidos al expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro del proceso radicado bajo el número 110016000102202100016. La resolución, expedida el 12 de noviembre de 2026, responde a una denuncia instaurada originalmente por el senador Iván Cepeda Castro, pero mantiene abierta la puerta a una eventual reapertura del expediente si llegan a aparecer nuevos elementos probatorios mientras la acción penal permanezca vigente.

El análisis probatorio realizado por el ente acusador se concentró en verificar si existió una entrega de dinero dirigida a los testigos Ramiro de Jesús Henao Aguilar y Gabriel Muñoz Ramírez con el propósito de obtener declaraciones favorables en estrados judiciales. Tras agotar las líneas de verificación sobre los movimientos patrimoniales y las versiones recaudadas, el despacho concluyó que la acusación carece de respaldo fáctico: “No es posible establecer la existencia de los hechos denunciados”, consignó la Fiscalía en el documento oficial de archivo.

Dentro de las diligencias practicadas, los investigadores revisaron en detalle una operación inmobiliaria relacionada con Gabriel Muñoz Ramírez y el levantamiento de un gravamen hipotecario. Al cruzar las fechas y los soportes contractuales, la Fiscalía estableció que dichas transacciones se ejecutaron entre los años 2009 y 2011 como parte de un acuerdo comercial con justificación económica entre los involucrados.

Dado que los testimonios cuestionados por presunto pago datan del año 2015, el ente investigador descartó la existencia de un nexo causal entre aquellos negocios previos y las declaraciones rendidas cuatro años después. Asimismo, respecto a los señalamientos sobre supuestos desembolsos de dinero, la entidad advirtió que parte de las versiones aportadas por uno de los declarantes se originaron en rumores escuchados al interior del centro de reclusión donde coincidía con otras personas privadas de la libertad.

La determinación sobre el proceso 110016000102202100016 se diferencia procesalmente de otras actuaciones penales que involucran al exmandatario. Por un lado, este expediente es independiente del juicio principal por presunta manipulación de testigos tramitado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, actuación en la cual el Tribunal Superior de Bogotá revocó en octubre de 2025 la sentencia condenatoria proferida en primera instancia y cuyo trámite pasó posteriormente a estudio mediante recursos extraordinarios de casación.

Por otro lado, continúa activo en la propia Fiscalía General de la Nación el expediente relacionado con las masacres de La Granja —perpetrada el 11 de junio de 1996— y de El Aro —ocurrida en octubre de 1997—, ambas ejecutadas por grupos paramilitares en el municipio de Ituango durante el periodo en que Álvaro Uribe Vélez ejerció como gobernador de Antioquia. Dicha investigación abarca igualmente el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y los señalamientos sobre la presunta conformación de una estructura paramilitar vinculada a la hacienda Las Guacharacas.

En ese proceso paralelo, el ente acusador indaga los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado, evaluando la hipótesis de una eventual participación, conocimiento u omisión del entonces gobernador frente a los hechos, señalamientos que el expresidente ha rechazado de manera reiterada. La permanencia de este caso en manos de la Fiscalía quedó definida luego de que la Corte Constitucional se declarara inhibida para dirimir el conflicto de competencias planteado frente a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, habilitando al organismo investigador para continuar con la práctica de pruebas y la diligencia de indagatoria.