Fiscalía imputará al director de la UNP por el magnicidio de Miguel Uribe

La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay dio un giro de alto impacto político y judicial. El ente acusador determinó que existen méritos suficientes para imputar al director de la UNP, Augusto Rodríguez Balleteros, por el delito de prevaricato por omisión, al considerar que no habría actuado de manera diligente frente a reiteradas solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial.

La Fiscalía concluyó que, antes del atentado, se habrían presentado múltiples alertas relacionadas con el riesgo que enfrentaba Uribe Turbay, las cuales no fueron atendidas de forma adecuada por la entidad encargada de su protección. Estas presuntas fallas llevaron a que el caso escalara hasta comprometer la responsabilidad del máximo directivo de la UNP.

Augusto Rodríguez, exintegrante del M-19 y uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, ha estado en el centro de la controversia por las falencias en la protección de líderes políticos y sociales. Su gestión ha sido cuestionada incluso dentro del propio Gobierno, en medio de tensiones internas como las generadas por la llegada de Armando Benedetti a la Casa de Nariño.

El crimen de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio, desató desde el primer momento un debate nacional sobre la seguridad de los candidatos de oposición. El precandidato del Centro Democrático fue atacado a bala mientras participaba en un mitin político en el parque El Golfito, en Bogotá, donde recibió impactos en la cabeza y una pierna.

Según la Fiscalía, un fiscal de la Unidad de Administración Pública radicó la solicitud de audiencia de imputación al considerar que el director de la UNP no habría respondido de manera oportuna a los requerimientos para mejorar el esquema de seguridad del político, quien tenía 39 años y había advertido sobre las amenazas que enfrentaba.

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, ha sostenido de forma reiterada que existió una responsabilidad estatal en el magnicidio. El penalista recordó que un juez ya había advertido que la protección brindada fue insuficiente y que, en más de diez ocasiones, se omitieron medidas básicas para salvaguardar la vida del precandidato.

Tras el atentado, Uribe Turbay fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento el 11 de agosto. Desde entonces, la investigación ha avanzado contra los autores materiales e intelectuales, señalando como principales responsables a integrantes de la disidencia conocida como la ‘Segunda Marquetalia’.

Con la imputación a Augusto Rodríguez, ya son diez las personas vinculadas formalmente al proceso penal por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Entre ellas figuran el menor de edad que disparó, así como varios presuntos coordinadores y colaboradores del crimen, muchos de los cuales han negociado preacuerdos con la Fiscalía.

Estos acuerdos judiciales, que incluyen rebajas de pena a cambio de aceptación de cargos, han generado un debate adicional sobre el alcance de la verdad que se pueda establecer en torno a quiénes ordenaron el magnicidio. Mientras tanto, el proceso contra el director de la UNP abre un nuevo capítulo en uno de los casos más sensibles y trascendentales de la historia política reciente del país.