Gerente de la Fábrica de Licores en Antioquia dice que no han facturado ni una botella en enero

La incertidumbre se ha convertido en el principal obstáculo para la industria licorera en el arranque del año. Empresas productoras y distribuidores mantienen en pausa sus operaciones ante la falta de claridad sobre los precios finales de los productos, tras el incremento del impuesto al consumo decretado por el Gobierno nacional bajo el amparo de la emergencia económica.

Uno de los casos más críticos es el de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Su gerente, Esteban Ramos Maya, advirtió que durante lo corrido de enero no se ha facturado una sola botella, pese a que la proyección mensual contemplaba la venta de 3,7 millones de unidades entre Antioquia y otros departamentos del país. La situación, explicó, responde al temor de los distribuidores de asumir compras sin conocer el impacto real del nuevo gravamen.

De acuerdo con el directivo, el aumento del impuesto al consumo implicaría un alza aproximada de 20.000 pesos en la presentación de 750 mililitros, lo que ha llevado a los canales de comercialización a suspender pedidos. A esto se suma la expectativa por un eventual pronunciamiento de la Corte Constitucional, instancia ante la cual se cuestiona la legalidad del decreto.

El freno en la comercialización también tendría consecuencias fiscales para los entes territoriales. Ramos señaló que la parálisis representa una disminución cercana a los 22.000 millones de pesos en recaudo por impuesto al consumo, recursos que tradicionalmente se destinan a sectores como la salud y la educación. Solo en 2025, sin el decreto, la FLA transfirió 480.000 millones de pesos a Antioquia y más de 650.000 millones a otros departamentos.

A este escenario se suma el aumento del IVA, que desde el 1 de enero pasó del 5% al 19%, encareciendo en cerca de 4.000 pesos cada unidad producida por la FLA. Aunque la empresa no ha modificado sus precios al público, sí ha debido asumir el mayor costo tributario, lo que agrava el panorama financiero.

El gerente de la licorera advirtió que, de aplicarse plenamente el incremento del impuesto al consumo, el precio del aguardiente antioqueño y del Ron Medellín podría subir hasta en un 48%, un golpe directo al consumo legal que podría incentivar prácticas ilegales.

Precisamente, el riesgo del contrabando vuelve a encender las alarmas. Actualmente, cerca del 30% de los licores que se consumen en el país son adulterados, una cifra que, según el sector, podría aumentar de manera significativa si los precios continúan al alza.

Finalmente, Ramos cuestionó el destino de los cerca de 720.000 millones de pesos que, de entrar en vigor el decreto, serían transferidos directamente al Gobierno nacional, y pidió claridad sobre el uso de estos recursos y el impacto real que tendrían en el sistema de salud.