La Fiscalía y la Policía Judicial concentran sus investigaciones en el entorno rural de Frontino tras confirmarse el homicidio de la menor Jhady Sofía Osorio. El perfil criminológico señala a un agresor con fuerza física superior que estranguló a la niña y simuló la suspensión en el corredor de la vivienda antes del regreso de sus familiares.
Un viraje drástico en los dictámenes forenses transformó lo que inicialmente se indagaba como un fatídico accidente o un autoatentado en un aberrante caso de homicidio infantil que hoy sacude al departamento de Antioquia. La muerte de Jhady Sofía Osorio Mesa, una niña de 10 años que cursaba sexto grado en la Institución Educativa Pedro Antonio Elejalde, fue reclasificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal como un estrangulamiento previo a la suspensión del cuerpo.
La revelación forense desarmó la tesis de que la menor se hubiese accidentado mientras jugaba en un columpio rústico e impulsó a la Gobernación de Antioquia a ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para dar con el paradero del responsable.
Los hechos bajo investigación se desarrollaron el pasado 23 de septiembre de 2026 en el predio rural donde la niña residía con sus padres, Irma Estela Mesa y Jader Osorio, en la vereda Las Cabras, ubicada a 20 minutos del casco urbano del municipio de Frontino.
De acuerdo con el cronograma reconstruido por la Fiscalía General de la Nación, la víctima quedó sola en la vivienda en una estrecha ventana de apenas 50 minutos: la persona encargada de su cuidado se retiró de la propiedad a las 3:30 p. m., mientras que su padre retornó a las 4:20 p. m. tras realizar compras en el pueblo para un proyecto familiar de avicultura.
Al ingresar al inmueble, el padre halló a la menor suspendida del cuello mediante una cuerda amarrada a un madero del corredor exterior, lugar donde la familia planeaba instalar un columpio artesanal. Tras desatarla e intentar maniobras de reanimación sin éxito, el cuerpo fue evacuado por el Cuerpo de Bomberos de Frontino hacia el Hospital María Antonia Toro de Elejalde —ante la imposibilidad de que las patrullas policiales ingresaran a la vereda por complicaciones de orden público—.
Aunque en la inspección inicial se registró un surco de fricción en la zona del cuello que alimentó la hipótesis accidental, los exámenes periciales complementarios revelaron traumas internos, desgarros mecánicos y nudos de alta complejidad cuya atadura y altura resultaban imposibles para la contextura y estatura de una niña de 10 años.
El perfil criminológico elaborado por los analistas forenses apunta a que el agresor ejecutó la asfixia letal sobre el cuello de la menor antes de elevar el cadáver y simular el ahorcamiento. Los peritos calculan que el responsable poseía un rango de edad de entre 20 y 50 años, con la fuerza funcional y la destreza motriz propias del trabajo agrícola en el campo, además de un conocimiento detallado de las rutinas de la finca que le permitió actuar sin despertar sospechas durante la ausencia de los adultos. Ante la contundencia de los hallazgos técnicos, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Frontino solicitaron formalmente a la Fiscalía que la investigación se adelante bajo la tipificación de feminicidio agravado.
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