Gobierno eliminó prima especial de servicios para congresistas
El Gobierno derogó la prima especial de servicios para congresistas mediante el Decreto 0030 de 2026. El beneficio, de más de 16 millones de pesos mensuales, dejará de aplicarse a partir del nuevo Congreso que se posesione el 20 de julio.
El Ejecutivo formalizó la derogatoria del Decreto 2170 de 2013, norma que había establecido una prima especial de servicios para senadores y representantes a la Cámara, equivalente a 16.914.540 pesos mensuales. Este beneficio hacía parte del esquema salarial de los congresistas y se sumaba a otros componentes de su remuneración.
La prima eliminada no corresponde a la prima legal que reciben los trabajadores formales en Colombia, la cual se mantiene vigente y equivale a un salario mensual por cada año laborado. En el caso de los congresistas, la prima especial derogada constituía uno de los tres factores que integraban su ingreso mensual.
El presidente Gustavo Petro defendió la decisión a través de su cuenta en la red social X, donde afirmó que la medida responde a criterios de justicia social. Según el mandatario, mientras el Congreso ha aprobado reformas tributarias que afectan a los sectores más pobres, ha bloqueado iniciativas orientadas a gravar a los más ricos, lo que, a su juicio, justifica la reducción de los ingresos de los legisladores.
El Gobierno aclaró que la derogatoria no tendrá efectos retroactivos. Los actuales congresistas continuarán recibiendo la prima especial hasta el final de su periodo, pero el beneficio desaparecerá para quienes resulten elegidos y se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.
La prima especial de servicios había sido creada el 4 de octubre de 2013, cuando el Gobierno de entonces decidió reemplazar las primas de localización, vivienda y salud de los congresistas por un solo concepto salarial, incorporado al régimen previsto en la Ley 4 de 1992. Este componente tenía incidencia en la liquidación de otras prestaciones, como la prima de servicios y la prima de Navidad.
En el Decreto 0030 de 2026, el Ejecutivo argumenta que el contexto constitucional, fiscal y administrativo del país obliga a revisar el régimen remuneratorio de los congresistas. El texto señala que los ingresos de los legisladores resultan desproporcionados frente al ingreso promedio de la población y a la realidad económica nacional.
El documento también sostiene que mantener estos niveles salariales dificulta el cierre de brechas sociales, uno de los objetivos centrales del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, denominado ‘Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Por ello, se plantea la necesidad de adoptar medidas inmediatas de austeridad que no vulneren derechos fundamentales.
La eliminación de esta prima era uno de los propósitos que durante años impulsaron varios proyectos de ley orientados a reducir el salario de los congresistas, iniciativas que no prosperaron en el Legislativo. Ante ese escenario, el Gobierno optó por una vía administrativa dentro de sus competencias.
El Decreto 0030 de 2026 fue suscrito por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y por la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán, entidad que, según el propio decreto, es la autoridad competente para conceptuar en materia salarial y prestacional del sector público.
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