Gobierno Petro tiene un plan para bajar el dólar a $2.500

El Ministerio de Hacienda confirmó que se alista un proyecto de decreto que modificaría los límites de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones. La propuesta plantea reducir ese tope del 49 % actual al 30 %, una decisión que impactaría de manera directa a más de 18 millones de trabajadores afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el ajuste no sería inmediato. El Gobierno prevé un proceso gradual con un plazo máximo de cinco años, aunque la meta oficial es ejecutarlo en un periodo de tres. Con esta medida, el Ejecutivo espera que entre 120 y 250 billones de pesos que hoy están invertidos fuera del país regresen al mercado nacional.

El objetivo central, de acuerdo con el Gobierno, es fortalecer el financiamiento interno y dinamizar la inversión local en un contexto de bajo ahorro nacional. Desde esta óptica, el ahorro pensional debería cumplir un papel más activo en el desarrollo económico del país, sin interrumpir el flujo anual de recursos.

El presidente Gustavo Petro defendió la propuesta señalando que, en un escenario de escasez de ahorro, resulta inconveniente mantener grandes volúmenes de recursos fuera de Colombia. En sus redes sociales insistió en que el traslado debe hacerse de forma progresiva y sin afectar el ritmo normal de las inversiones.

El Ministerio de Hacienda aclaró que el eventual decreto solo aplicaría a las AFP y a los cotizantes activos. Los pensionados actuales no se verían afectados por el cambio en el régimen de inversión, pues sus mesadas no dependen de nuevas decisiones de portafolio.

Sin embargo, el anuncio generó una ola de críticas desde distintos sectores económicos y financieros. Analistas han advertido que una repatriación masiva de capitales podría tener efectos no deseados sobre la tasa de cambio, la estabilidad del sistema y la rentabilidad de los ahorros pensionales.

La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, cuestionó públicamente la iniciativa y alertó sobre un posible impacto abrupto en el dólar. Según su análisis, una entrada masiva de divisas podría llevar la tasa de cambio a niveles cercanos a los 2.500 pesos, lo que abriría nuevos desequilibrios macroeconómicos.

A estas advertencias se sumaron los reparos de la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP), que señaló riesgos estructurales como una menor diversificación internacional, mayor exposición a crisis locales y eventuales conflictos con el marco constitucional y legal del sistema pensional.

Entre las objeciones planteadas está la posible vulneración del derecho de propiedad y de ahorro de los afiliados, consagrados en la Constitución, así como la concentración excesiva de los recursos en instrumentos locales. También se cuestiona que el Gobierno busque modificar el régimen del ahorro pensional mediante decreto, lo que podría exceder sus facultades reglamentarias y contradecir la Ley 100 de 1993.

Mientras el proyecto de decreto no se haga oficial, el debate sigue abierto. Lo que está claro es que la propuesta ya empezó a mover el tablero financiero y anticipa una discusión de fondo sobre el papel del ahorro pensional en la economía colombiana.