País - Noviembre 09 de 2026 - 10:03 AM

Informe de DNI revela plan para espiar a expresidentes e interferir en elecciones durante Gobierno Petro

DNI incurrió en irregularidades al intentar intervenir los esquemas de seguridad de exvicepresidentes y expresidentes mediante GPS y micrófonos. La entidad también afronta cuestionamientos por casas clandestinas, software malicioso ruso y contratos fallidos por más de $18.000 millones.

Un informe reservado de empalme, estructurado en 26 páginas y fechado en julio de 2026, puso al descubierto un expediente de irregularidades operativas, contrataciones fallidas y presuntas maniobras de interceptación atribuidas a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante la administración del expresidente Gustavo Petro Urrego. El documento fue elaborado para el nuevo director de la entidad con base en testimonios de funcionarios, fotografías y registros documentales.

En el eje de las revelaciones figura el Decreto 0563 del 3 de junio de 2026 —expedido dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial—, mediante el cual se modificó la asignación de vehículos para los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes. La norma facultó a la DNI para intervenir en la distribución de los automotores junto con el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección.

De acuerdo con el testimonio de una fuente humana recogido en el informe, esta disposición tenía como propósito instalar micrófonos de escucha y dispositivos de rastreo GPS en los vehículos asignados para monitorear los desplazamientos de los exmandatarios protegidos. Frente al hecho, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, advirtió que la instalación de estos equipos configura un proceder abiertamente por fuera del marco de competencias y del campo legal de actuación de la agencia de inteligencia.

Paralelamente, el informe detalló anomalías en la adquisición de equipos de tecnología e infraestructura. Entre los procesos contractuales cuestionados resalta la compra por 9.000 millones de pesos de un helicóptero no tripulado para labores de contrainteligencia. Informes técnicos de agosto de 2025 documentaron fallas severas en los sistemas de comunicación, combustible, caja de engranajes y motor que impidieron su operación, situación que derivó en un siniestro el 15 de marzo de 2026 bajo el mandato del entonces director encargado René Guarín.

Asimismo, se detectó un infraseguro de la aeronave por apenas 900 millones de pesos (el 10% de su valor) y la compra por 8.340 millones de pesos de tres sistemas antidrones adaptados a dos camionetas Tahoe modelo 2024 para la Casa de Nariño. Los hallazgos se extienden a un contrato de 2022 por 580 millones de pesos para un sistema biométrico que resultó incompatible, la adquisición en 2024 de 595 computadores defectuosos por 1.314 millones de pesos, y compras en enero de 2026 por 1.549 millones de pesos destinadas a la sede inconclusa de Funza, que incluyeron atriles de 14 millones de pesos y camas de 18 millones de pesos.

El documento también alertó sobre la existencia de una vivienda clandestina cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá —desocupada y borrada de los registros tras los comicios presidenciales— y la entrega de celulares y computadores a funcionarios que viajaron a Moscú para recibir capacitación del servicio secreto ruso (SVR), equipos que presentarían malware para espiar a la administración entrante. Finalmente, la investigación relacionó al ingeniero de sistemas Carlos Andrés Oyola Tovar, capturado en Neiva con orden de aprehensión previa al 27 de mayo de 2026. Los informes internos señalan a Oyola como presunto responsable de liderar una red orientada a ejecutar ataques informáticos a la Registraduría Nacional del Estado Civil y alterar los resultados de las votaciones presidenciales, tras haber escapado de un allanamiento del CTI en una casa fachada en Bogotá.

Publicado por Redacción Ké Se Dice

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