País - Junio 02 de 2026 - 10:35 AM

Jenniffer Guevara fue hallada sin vida en una zona boscosa de Cali

Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, de 31 años, fue encontrada sin vida con heridas de arma cortopunzante en el barrio El Lido de Cali tras estar desaparecida desde el 27 de mayo. Las autoridades investigan si la víctima, quien era madre de una menor, fue arrastrada por un solo homicida.

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La ciudadanía y las instituciones de control en la capital del Valle del Cauca manifestaron su rechazo tras confirmarse la identidad de Jenniffer Estrella Guevara Córdoba, de 31 años de edad, cuyo cuerpo fue hallado con múltiples heridas por arma cortopunzante. La víctima, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 27 de mayo, fue localizada en un lote con vegetación del barrio El Lido, específicamente en la intersección de la calle 2A con carrera 50, en el sur de Cali.

Gerardo Mendoza, personero distrital de Cali, se sumó a las voces de consternación por este crimen que afecta a una madre cabeza de familia, residente del oriente de la ciudad, quien derivaba el sustento para su hija de 12 años a través de la venta informal de café. Los restos de la ciudadana ya fueron sepultados por sus familiares en el cementerio Jardines de la Aurora, ubicado en el sector de la diagonal 51 oeste, en inmediaciones de la comuna 20.

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Las primeras indagaciones forenses indican que el cadáver presentaba lesiones punzantes en la región del pecho, así como laceraciones en las extremidades inferiores. La policía judicial evalúa la hipótesis de que Guevara Córdoba opuso resistencia antes de morir, debido a que las marcas en sus piernas sugieren que fue arrastrada hacia la zona boscosa. Los investigadores presumen que el hecho pudo ser ejecutado por un solo agresor, puesto que la fricción del cuerpo con la vegetación denota que la víctima no fue cargada para su ocultamiento, sino empujada sobre el terreno.

Contradicciones y solicitudes de la familia a la Fiscalía

María Olga y Yesenia Guevara, hermanas de la víctima, aseguraron que la comerciante no había manifestado tener amenazas ni problemas personales con terceros. De acuerdo con la reconstrucción de sus últimas horas, Jenniffer salió de su vivienda en el barrio El Guabal para trabajar, compartió parte de la mañana con uno de sus hermanos y posteriormente se trasladó a una peluquería de la zona, donde permaneció en compañía de un conocido.

Las familiares señalaron ante la Fiscalía General de la Nación que dicho acompañante, quien se perfila como la última persona que la vio con vida, ha suministrado testimonios contradictorios sobre los hechos, lo cual genera incertidumbre en el núcleo familiar. Ante esta situación, las hermanas exigieron formalmente la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del sector comercial para trazar la ruta que siguió la mujer tras salir del establecimiento. Asimismo, plantearon interrogantes sobre la escena del hallazgo, argumentando que la escasez de rastros hemáticos visibles en el lote del barrio El Lido podría indicar que el homicidio se perpetró en un inmueble diferente.

Este suceso se registró de manera simultánea con la investigación por el deceso de Marcela Gómez Sepúlveda, de 26 años, quien había sido reportada como desaparecida el 21 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado el pasado lunes 25 de mayo dentro de un costal en el separador vial de la calle 70, frente a una estación del sistema masivo MIO en el barrio La Rivera. La coincidencia de ambos casos en una misma semana ha encendido las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el departamento del Valle respecto a las garantías de seguridad para las mujeres.

Publicado por Redacción Ké Se Dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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