Ley de Rescate: el Gobierno pide aprobarla antes de terminar el año y no descarta mensaje de urgencia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella subió el tono en la defensa de su Ley de Rescate Económico. El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que, si el proyecto no avanza antes de que termine 2026, Colombia caería en default el próximo año, es decir, no podría pagar sus deudas. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, agregó que sin la reforma sería difícil financiar el presupuesto de 2027.

Restrepo planteó el escenario en una entrevista con un medio nacional y fue directo: "Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año". El vicepresidente dijo que el Gobierno sabe que la medida es impopular y que aun así la va a sacar adelante. Para él, el hueco viene del gobierno de Gustavo Petro, que, según sus palabras, gastó por encima de lo que recibía y endeudó al país a intereses que hoy cuestan casi el doble que antes. Según él, uno de cada tres pesos que recauda la Nación en impuestos se va hoy en pagar intereses de la deuda.

El ministro Gómez Martínez fue más allá: si la plata no aparece, advirtió, el Estado podría quedarse corto hasta para pagarles el sueldo a sus propios empleados. Por eso pide que el Congreso apruebe la ley en lo que queda de 2026. El proyecto arrancó por la vía normal, pero el Gobierno tiene guardada la carta del mensaje de urgencia por si el calendario se le aprieta.

Qué trae el proyecto

El proyecto 477 de 2026, de 105 artículos, fue radicado el jueves 29 de octubre en la Cámara de Representantes y presentado ese día en una declaración pública en la Plaza de Bolívar. Según el Gobierno, el 70 % del ajuste sale del propio Estado: entre las medidas están recortar a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios en 2027 y vender bienes improductivos, como los que administra la SAE. El Ejecutivo calcula un ahorro de $44,6 billones en 2027 y asegura que la ley evitaría una recesión y la pérdida de 360.000 empleos.

El vicepresidente sostuvo que nueve de cada diez colombianos no se verían afectados de manera directa y que el aporte recaería en el 10 % de mayores ingresos. El proyecto también baja impuestos a micro y pequeñas empresas, de las que, según el Gobierno, se beneficiarían nueve de cada diez, y propone cárcel para contrabandistas y evasores.

El otro 30 % saldría de impuestos. Productos como café, azúcar, aceites y pastas pasarían de un IVA del 5 % al 19 %, a cambio de una devolución del impuesto que, desde enero de 2028, recibirían unos 36,5 millones de personas: 19 millones en su totalidad y 16,5 millones hasta la mitad. Además, la renta de las empresas bajaría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, y declararían renta quienes ganen más de cinco millones de pesos al mes.

En salud, el Gobierno explicó que quienes ganan hasta dos salarios mínimos seguirían aportando el 4 %, y que la tarifa subiría de forma progresiva hasta el 8 % en los salarios más altos. El proyecto también acaba con la exención de impuestos para las compras por internet en el exterior de menos de 200 dólares.

La propuesta, sin embargo, enfrenta un fuerte rechazo. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó un paro nacional para el 19 de noviembre. Su presidente, Fabio Arias, calificó la reforma como más regresiva que la presentada en el gobierno de Iván Duque y cuestionó el IVA a los alimentos, el aumento en los aportes a salud y los nuevos impuestos a las rentas de trabajo. Además, advirtió que las facultades que pide el Gobierno para reestructurar el Estado podrían acabar con 700.000 empleos.