La controversia por la caricatura “dieta parlamentaria” de Julio César González escaló a nivel judicial. Mientras el Centro Democrático tilda al autor de “despreciable”, figuras como Vicky Dávila y Daniel Briceño denuncian supuestos maltratos y millonarios contratos estatales del artista.
El clima político nacional se ha visto sacudido por un nuevo enfrentamiento jurídico y ético que pone en el centro del debate los límites del humor gráfico y la campaña electoral. La controversia estalló luego de que Julio César González, ampliamente conocido como ‘Matador’, publicara una serie de mensajes y caricaturas centradas en la apariencia física de la senadora Paloma Valencia. Bajo el título de “dieta parlamentaria”, el hoy candidato del Pacto Histórico utilizó un video de la congresista desayunando para lanzar dardos personales, sugiriendo que el costo de sus alimentos equivalía a subsidios negados a adultos mayores, e incluso recurriendo a juegos de palabras sobre la “digestión” del país.
Ante este panorama, la cúpula del Centro Democrático decidió elevar el tono y trasladar la disputa a los estrados administrativos del Consejo Nacional Electoral. Gabriel Vallejo, director de la colectividad, no ahorró calificativos para describir al caricaturista, señalándolo como una persona movida por el resentimiento y cuestionando profundamente su idoneidad para ocupar una curul en el Congreso de la República. Desde el partido se argumenta que este tipo de ataques no representan una crítica a la gestión o a las ideas políticas de Valencia, sino que constituyen una agresión directa basada en estereotipos y burlas que pretenden deslegitimar a la mujer en su rol de liderazgo.
La polémica también ha reabierto viejas heridas y debates sobre la coherencia ideológica del caricaturista pereirano. Voceros de la oposición han señalado una supuesta contradicción entre las banderas progresistas y de defensa de los derechos de la mujer que ondea el Pacto Histórico y la inclusión de González en sus listas, recordando los antecedentes de violencia intrafamiliar que provocaron su salida de importantes medios de comunicación en el pasado. Esta disonancia ha sido aprovechada por críticos que consideran inaceptable que se pretenda legislar en favor de la equidad de género mientras se ejecutan ataques de índole misógina en la arena digital.
A las voces de rechazo se sumaron figuras mediáticas y políticas que han aportado nuevos matices a la confrontación. La precandidata Vicky Dávila salió en defensa de Valencia, proponiendo un cambio en el alias del caricaturista de “Matador” a “maltratador”, enfatizando que el respeto por la condición humana debe prevalecer sobre cualquier diferencia partidista. Por otro lado, el concejal bogotano Daniel Briceño introdujo un elemento de control fiscal a la discusión, denunciando que el señalado recibe pagos mensuales cercanos a los 18 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional para realizar labores de apoyo creativo en la Presidencia, lo que, a su juicio, agrava la falta de ética en sus intervenciones públicas.
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