País - Julio 07 de 2026 - 02:37 PM

Ministro de Defensa confirmó que regresará el Esmad

El ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, confirmó que el nuevo Gobierno eliminará la Undmo para restablecer el Esmad. Esta medida, parte de un giro en la política de seguridad, busca eliminar los decretos que, según el Ejecutivo entrante, limitaban la acción de la fuerza pública.

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En un giro determinante para la política de seguridad nacional, el ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, confirmó que la administración de Abelardo de la Espriella procederá con la derogación del decreto que instauró la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Con esta decisión, el gobierno entrante formaliza el restablecimiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), argumentando que las modificaciones implementadas durante el cuatrienio de Gustavo Petro limitaron las capacidades operativas de la fuerza pública frente a actos vandálicos y perturbaciones del orden público.

El ministro Mora, general en retiro, fundamentó la medida en la necesidad de recuperar la autoridad institucional. "Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la fuerza pública", afirmó, haciendo referencia específica al decreto 003, el cual fue la base normativa para la transición hacia la Undmo tras el estallido social de 2021. Según la visión del equipo de De la Espriella, el enfoque de diálogo que priorizó la administración saliente resultó en un menoscabo de las herramientas legítimas del Estado para la contención de disturbios, una tesis que el gobierno entrante busca revertir a partir del próximo 7 de agosto.

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El Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana y la judicialización exprés

Más allá de la reconfiguración de las fuerzas antidisturbios, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha trazado una hoja de ruta para la seguridad en las ciudades principales mediante la creación del Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. Esta estructura, que será oficializada mediante decreto en la jornada de posesión presidencial, tiene como fin articular las voluntades de las autoridades locales, la Policía Nacional, los veteranos de la reserva y el gremio empresarial.

La estrategia contempla elementos contundentes para la respuesta ante el delito, tales como la implementación de la judicialización exprés y la agilización de los procesos de extinción de dominio para activos vinculados a actividades delictivas. Si bien esta iniciativa ha sido celebrada por sectores que reclaman una mano más firme contra el crimen, también ha generado suspicacias en diversos sectores políticos y académicos, quienes han trazado comparaciones entre este bloque y las antiguas asociaciones de vigilancia conocidas como Convivir, figuras que marcaron la historia de la seguridad privada en Colombia durante los años noventa.

Tensión política: reacción del Pacto Histórico y el fin de la Paz Total

El anuncio ha fracturado aún más el ambiente de transición política. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, fue una de las primeras en elevar su voz de protesta, señalando que el regreso del Esmad implica un retroceso hacia la confrontación y una ruptura con el esfuerzo realizado por dignificar a la fuerza pública en su relacionamiento con la ciudadanía. A través de sus canales digitales, la congresista advirtió que el nuevo enfoque pretende retornar a la represión sistemática bajo el pretexto de restaurar el orden.

Simultáneamente, el movimiento Defensores de la Patria confirmó que, de la mano con el ministerio de Defensa, se iniciará el desmonte progresivo de la política de Paz Total. El ministro Mora calificó esta política como un retroceso de tres décadas en términos de capacidades militares, enfatizando que, si bien la fuerza pública operará estrictamente bajo el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se marcará una línea divisoria tajante entre el ejercicio constitucional del derecho a la protesta y la manifestación violenta. Bajo esta nueva directriz, el Estado colombiano se prepara para abandonar la política de diálogo preferente y retomar la aplicación de la fuerza proporcional como eje central de su estrategia de orden público.






Publicado por Redacción Ké se dice
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En Bucaramanga, durante un operativo desarrollado en los últimos días, unidades del GAULA de la Policía Nacional lograron capturar a dos personas cuando recibían cinco millones de pesos exigidos a un comerciante de la ciudad. La acción, resultado de un plan antiextorsión apoyado en análisis técnico y seguimiento audiovisual, permitió desarticular una modalidad de intimidación basada en amenazas digitales, suplantación de grupos armados y presión directa sobre establecimientos comerciales. La investigación no comenzó con la captura, sino con el temor de un comerciante que empezó a recibir mensajes y llamadas en las que le exigían dinero a cambio de no atentar contra su negocio. Las comunicaciones no eran genéricas: incluían fotografías recientes de su establecimiento y advertencias que buscaban generar pánico inmediato. Según el trabajo judicial, los responsables se hacían pasar por integrantes de estructuras armadas como el EGC y el ELN, utilizando esa falsa identidad para dar credibilidad a las amenazas. Las exigencias económicas variaban entre uno y cinco millones de pesos, dependiendo de la supuesta “capacidad de pago” de cada víctima. A partir de la denuncia, el GAULA activó un plan antiextorsión que se extendió por varios sectores de Bucaramanga. Durante semanas, los investigadores revisaron más de 200 cámaras de seguridad públicas y privadas, además de analizar cerca de 300 horas de grabaciones, con el objetivo de reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer patrones de comportamiento. Ese seguimiento permitió identificar no solo el punto y la modalidad de entrega del dinero, sino también la posible existencia de otras víctimas que habrían sido contactadas bajo el mismo esquema de intimidación. Con la información recopilada, se coordinó el operativo que culminó con la captura en flagrancia. El procedimiento se realizó en el momento exacto en que los dos señalados recibían los cinco millones de pesos producto de la extorsión. En su poder fueron hallados varios elementos que ahora hacen parte del proceso judicial, entre ellos una motocicleta utilizada para los desplazamientos, dos teléfonos celulares y panfletos extorsivos presuntamente empleados para reforzar las amenazas. Las autoridades consideran que este caso evidencia una modalidad creciente de extorsión basada en el uso de tecnología y en la suplantación de organizaciones armadas para infundir miedo sin pertenecer realmente a ellas. El material incautado será clave para establecer si los capturados están vinculados con otros hechos similares en la ciudad. Desde la Policía Nacional reiteraron que la denuncia oportuna fue determinante para evitar que el comerciante siguiera siendo víctima de presiones económicas y para avanzar en la identificación de los responsables. Asimismo, insistieron en que ningún ciudadano debe acceder a este tipo de exigencias. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación, mientras el GAULA mantiene abiertas otras líneas de investigación derivadas del análisis de cámaras y comunicaciones, con el fin de ubicar a posibles cómplices y proteger a otros comerciantes.

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